Defensoría del Pueblo exhorta al Ejecutivo a implementar trabajo conjunto contra la deserción y anemia escolar
Tras una supervisión a más de 7500 instituciones educativas públicas de nivel primaria de todo el país, que tuvo como objetivo verificar las condiciones para el desarrollo integral y el logro de los aprendizajes, la Defensoría del Pueblo advirtió con preocupación que más de 46 000 estudiantes abandonaron el sistema educativo entre los años 2022 - 2023. Asimismo, que más de 35 000 estudiantes de los colegios supervisados se encuentran actualmente diagnosticados con anemia y más de 18 000 estudiantes, tanto nacionales como extranjeros, no cuentan con documento de identidad.
Para la Defensoría del Pueblo, estas cifras resultan críticas si se tiene en cuenta que, de acuerdo a los resultados de la supervisión, la anemia constituye una de las principales causas del bajo nivel del logro de aprendizajes, con el 66.3 % de los casos. Asimismo, que la desnutrición infantil constituye una de las causas más significativas de abandono o deserción escolar, con el 43.3 % de los casos.
Se recoge, por ejemplo, que estudiantes con anemia de más de 37 % de instituciones educativas, de un total de 1890 que reportaron estudiantes con dicha enfermedad y coordinaron con el establecimiento de salud la atención de sus estudiantes, no recibieron tratamiento. Asimismo, que 155 colegios tenían a la vez casos de estudiantes con anemia, estudiantes nacionales sin seguro de salud y estudiantes sin documento de identidad.
Pese a ello, el 23.5 % de las instituciones educativas supervisadas no incluyó actividades sobre prevención del abandono y deserción escolar en sus planes anuales de trabajo y el 16.1 % no implementa estrategias para la mejora de los aprendizajes basados en los resultados de la evaluación realizada por el Ministerio de Educación.
Embarazo escolar
Otro de los datos que se evidencian como resultado de la supervisión es que 958 estudiantes de los colegios supervisados fueron víctimas de violencia sexual y 2762 fueron víctimas de violencia física. Asimismo, se recoge con suma preocupación el caso de 1175 niñas y adolescentes embarazadas, que incluye a estudiantes peruanas y extranjeras.
Como dato de esta dura realidad, de 504 instituciones educativas que reportaron estudiantes nacionales víctimas de violencia sexual, se evidenció que el 86.7 % no realizaba trabajo conjunto con la unidad de protección especial (UPE); el 29 % no coordinaba con el centro de emergencia mujer (CEM) local y el 20.8 % tampoco establecía coordinaciones con la defensoría municipal del niño y adolescente (Demuna). Asimismo, que el 14.6 % de los colegios supervisados reportó casos de docentes o personal denunciado por violencia contra estudiantes. De dicho universo, más del 32 % de las denuncias por violencia fueron de índoles sexual pero se procedió solo con la separación de 375 personas.
Toda esta información ha sido consolidada en un informe en el que se concluye que existen graves afectaciones en el acceso de los estudiantes a los derechos a la educación, integridad, salud, identidad y alimentación. Asimismo, que existe una deficiencia en la política de formación docente respecto al abordaje o tratamiento del ámbito socioemocional del niño, niña y del adolescente. En ese sentido, se exhorta al Ejecutivo a implementar un trabajo conjunto que incluya la participación de los ministerios de Educación, Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables y de Educación, así como de gobiernos regionales y de instituciones como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.