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Defensoría del Pueblo invoca a la ciudadanía y autoridades a la no violencia en las movilizaciones públicas

La entidad resaltó que la protesta social es un derecho fundamental, pero que la condición indispensable para que esta sea legítima es que se haga mediante medios pacíficos.
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04-01-2023

La Defensoría del Pueblo se dirigió a la ciudadanía y a las autoridades para invocar a que no se realicen actos de violencia durante las movilizaciones públicas que se reanudaron hoy, miércoles 4 de enero, en varias provincias del país.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de Twitter, la entidad resalta que la protesta social es un derecho fundamental que le permite a las personas expresarse libremente en los espacios públicos, pero que "la condición indispensable para que esta sea legítima es que se haga mediante medios pacíficos".

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Agregado a ello, señala que "nunca debieron ocurrir" los fallecimientos registrados durante las últimas protestas, por lo que requiere que la ciudadanía sea consciente de los límites del derecho a protestar; así como también, que las fuerzas del orden actúen dentro del marco de lo legal.

"En las últimas semanas 22 personas perdieron la vida en protestas inicialmente pacíficas y que se convirtieron enseguida en violentas. Estas muertes, así como las de otras seis personas que fallecieron en accidentes de tránsito o tratando de llegar a centros de salud cuando las vías estaban bloqueadas, nunca debieron ocurrir. Se requiere, por tanto, que la ciudadanía sea consciente de los límites del derecho a la protesta, como también lo deben ser las fuerzas del orden sobre el uso legal, necesario y proporcional de la fuerza", precisa el pronunciamiento.

En ese sentido, indica que los convocantes y participantes de las marchas deben velar porque la manifestación sea pacífica, "aislando y denunciando a los sujetos violentos". Mientras que, por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) debe ser "exigente en el cumplimiento de la ley y de sus manuales sobre restablecimiento del orden público, y asumir esta tarea de manera exclusiva".

De igual manera, la Defensoría recordó que el 14 de diciembre del 2022 se decretó el estado de emergencia a nivel nacional y afirmó que "en ningún caso estas restricciones suponen una desprotección de las personas frente a los actos arbitrarios y abusivos".

Finalmente, asegura que no le corresponde "resolver este conflicto" a los efectivos policiales, ni a las Fuerzas Armadas. Tras ello, manifiesta que el Gobierno central y el Congreso de la República tienen el deber de encontrar "una salida de amplio consenso que le devuelva la tranquilidad y la paz al país".

Lee el pronunciamiento completo:

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