OPINIÓN | Mario Amoretti: "Corrupción enquistada en nuestro país desde el inicio de la República"

Desde el inicio de la época Republicana, para enfrentar a los corruptos, se dictó una ley que sancionaba con pena de muerte a sus autores, pero esta fue derogada poco tiempo después. Sin embargo, comprobamos que este delito, lejos de disminuir, se ha convertido en un mal endémico y enraizado en nuestro país. El problema se acrecienta, por la impunidad que gozan algunos que cometen delitos, por la seguridad que no van a ser denunciados e investigados. La historia nos demuestra como muchos de ellos se enriquecieron e inclusive aparecen en los medios de comunicación como representantes de la moral pública, llegando al extremo de denunciar “a los nuevos corruptos”. Qué facilidad tenemos los peruanos para olvidarnos de los “personajes” que lucraron ilícitamente, del erario nacional.

Siempre hemos sostenido que nos ha faltado decisión para obligar a nuestros representantes que investiguen o por lo menos soliciten información al Congreso, a la Fiscalía y Poder Judicial, cuál ha sido el destino de las denuncias, investigaciones, formuladas por estas entidades, en la década pasada, no solamente contra quienes se apropiaron de dinero del Estado, sino también contra los que recibieron “coimas” de empresario o funcionarios, en algunos casos, para no ser denunciados o investigados, es por ello que la corrupción se incrementa, porque los corruptos saben que muchos casos gozan de impunidad; y la ley se aplica solamente para los enemigos del gobierno de turno.

El excongresista José Elías informó a los chinchanos que el candidato a la presidencia de la República Julio Guzmán trató de llevar al Consejo de Ministros un proyecto con la finalidad de perjudicar a Chincha y beneficiar a Cañete, en la época en que ocupó un alto cargo y cuando toma conocimiento de este ilegal propósito, motivó una enérgica protesta como congresista, que originó que el presidente del Consejo le solicitara su renuncia al cargo que ostentaba. Es el caso que José Elías denuncia que el congresista Aliaga, del partido Somos Perú - Vizcarra-, pretende que se desactive este mismo proyecto y según se informa, éste, tiene un Restaurant en la zona de conflicto. Es el caso, que delictivamente, han desaparecido los libros de Registro Públicos en Chincha, donde figuraban inscritos los inmuebles ubicados en TOPARÁ, como pertenecientes a nuestra provincia ; y, es necesario recordar que Toledo Manrique un 27 de julio le vendió una extensión de terreno a una empresa extranjera, para que construya una fábrica de gas, sosteniendo, que el inmueble “vendido”, recién se puede inscribir, cuando a la Región Lima se le reconozca propietaria, es decir, vendió un bien que pertenece a Chincha, constituyendo el delito de FALSEDAD IDEOLÓGICA ; y, los que pretende usarlo, también incurre en el mismo delito. LOS CHINCHANOS SABEMOS POR QUIENES NO VOTAREMOS.

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