Chancay: Alcalde Juan Álvarez es condenado a 5 años de cárcel por entrega ilícita de los servicios higiénicos del megapuerto
El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Huaral, a cargo del magistrado Víctor David Minchán Vigo, dictó sentencia contra el actual alcalde distrital de Chancay, Juan Alberto Álvarez Andrade, conocido como 'Juanelo', al hallarlo responsable del delito de peculado doloso.
La condena impuesta es de cinco años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución, y conlleva, además, a la inhabilitación política del burgomaestre, dejándolo fuera de cualquier carrera electoral durante el tiempo que la sanción impuesta por el Poder Judicial.
Motivo de la sentencia
El caso se originó por la irregular entrega a terceros de la administración de los servicios higiénicos del Puerto de Chancay, un acto que la justicia consideró como "disposición ilegal de bienes públicos en beneficio particular". Este hecho cobra aún más relevancia al tratarse de Chancay, distrito que hoy concentra la atención nacional e internacional por el desarrollo del megapuerto de inversión china, considerado uno de los proyectos más estratégicos para la economía peruana.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura, a través de la fiscal adjunta provincial Steefanny Alejandra Cherres Pacora, bajo la dirección del titular del despacho, fiscal provincial Cristhian Manrique Mendoza, llevó adelante la presente investigación.
Durante el juicio, el equipo fiscal dejó en claro que no existió un simple "encargo" administrativo, como alegó el alcalde, sino un acto de disposición irregular de un bien público, tipificado claramente como peculado.
Intentó victimizarse alegando "campaña política en su contra"
Cabe señalar que, la acusación fiscal fue respaldada por el procurador público de Chancay, José Ramos Casazola, así como por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura, que representó al Estado peruano, en calidad de agraviado.
Pese a los elementos probatorios en su contra y posterior sentencia por la misma, Álvarez Andrade intentó minimizar la decisión judicial, sugiriendo ante la prensa que se trataba de una "campaña política" en su contra. Sin embargo, el tribunal fue enfático en recalcar que la responsabilidad penal quedó acreditada con pruebas documentales, testimonios y pericias técnicas.
Este fallo constituye un duro golpe a la corrupción municipal y una advertencia directa a las autoridades locales: los bienes del Estado no son patrimonio personal ni moneda de intercambio político.
En Chancay, sede del megapuerto más importante de Sudamérica, la justicia envía un mensaje claro: quien use el cargo para apropiarse de recursos públicos tendrá que responder ante la ley, más temprano que tarde.