Delia Espinoza advierte al Mininter ante eventual intervención de la Policía en la Fiscalía: "Sería ilegal"
La Junta Nacional de Justicia (JNJ), que ordenó la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, suma un nuevo capítulo. Este martes, Delia Espinoza envió un documento oficial al ministro del Interior, Carlos Malaver, en el que deja en claro que la Policía Nacional del Perú (PNP) no tiene facultades para intervenir las oficinas del Ministerio Público ni a la titular del despacho superior sin una orden judicial o una motivación jurídica adecuada.
"Cualquier intervención de la Policía Nacional del Perú en un procedimiento administrativo regular en trámite, como el correspondiente al Procedimiento Administrativo N.º 001-2024-JNJ, no solo sería ilegítima, sino ilegal, y quebrantaría el orden institucional y constitucional", sostiene la misiva firmada por Espinoza.
¿La PNP puede irrumpir en la Fiscalía sin mandato judicial?
Según el oficio, el artículo 169 de la Constitución Política del Perú establece que "Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes. Están subordinadas al poder constitucional".
Delia Espinoza recuerda que únicamente "por mandato judicial o por orden debidamente motivada de la autoridad competente" la PNP podría intervenir en actos relacionados con su función. Al no existir tal mandato en el marco del proceso disciplinario iniciado por la JNJ, cualquier acción policial en las sedes del Ministerio Público carecería de sustento legal.
El documento expone también que los agentes del orden deberán respetar el debido procedimiento y los derechos fundamentales de los involucrados. "En caso de que la PNP tome otra decisión, esta deberá ser debidamente motivada", enfatiza la fiscal.
¿Qué consecuencias afrontarían los mandos policiales?
Espinoza advierte que quienes ordenen la entrada forzosa incurrirían en infracciones administrativas graves y en la comisión de delitos penales. Esta advertencia va dirigida, en particular, a los altos mandos de la Policía Nacional, quienes podrían verse expuestos a responsabilidades por abuso de autoridad y ultrajes a la Constitución.
El pronunciamiento de la fiscal de la Nación se produce luego de que Magnolia Martínez Hidalgo, directora de la Oficina de Procesos Disciplinarios de la JNJ, diera un plazo de 24 horas a Espinoza para reponer a Benavides en el cargo, advirtiendo que recurriría a la fuerza pública de ser necesario.
La JNJ argumenta que su resolución es de cumplimiento obligatorio; sin embargo, la titular del Ministerio Público cuestiona la legalidad de utilizar a la PNP como mecanismo de presión.
La disputa pone en tensión las relaciones entre dos instituciones clave del Estado. Por un lado, la JNJ defiende su autonomía para supervisar a los fiscales y garantizar el orden interno de su organismo. Por el otro, la Fiscalía de la Nación invoca la protección constitucional de sus funciones y la necesidad de respetar el principio de legalidad.