Política

Escándalo en la ONPE

Acusan a Janina Huamán, gerente de Administración, de elegir proveedores sin experiencia en licitaciones. Anteriormente trabajó con exgeneral Edwin Donayre.
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03-11-2019

A menos de tres meses de realizarse las elecciones complementarias en enero 2020, varios trabajadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) denunciaron que Janina Huamán Chappa, quien es la actual gerente de Administración del ente electoral, hace y deshace en el tema de contrataciones colocando proveedores sin experiencia en las licitaciones con mayor presupuesto. Habría llegado a este puesto por su amistad con Fernando Tuesta Soldevilla, ex jefe de la ONPE.

De acuerdo a los denunciantes, Huamán Chappa obliga a funcionarios de menor rango a que ejecuten sus órdenes, aprovechando la actual coyuntura, en donde en el Gobierno a través del Ministerio de Economía autorizó la transferencia de 142 millones 433, 946 soles a los organismos electorales como ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y el Registro Nacional de identificación y Estado Civil (Reniec) para la realización de las elecciones parlamentarias del 26 de enero de 2020.

Asimismo, señalan que algunas contrataciones ya tendrían proveedor seleccionado por Janina Huamán como para el servicio de habilitación, acondicionamiento y logística informática de centros de cómputo (SHALI) en la que se designarán S/23' 000,000.00; el Servicio de Telecomunicaciones (TELCO) que costará un valor de S/9' 000,000.00; el servicio de traslado y recojo de material electoral en los que se invertirán S/5' 000,000.00, y la adquisición de indumentaria que equivale a un gasto de S/4' 000,000.00.

Además, cabe resaltar que Huamán Chappa, quien se desempeña como gerente de Administración de la ONPE desde el 25 de julio de 2018, anteriormente trabajó con el hoy preso Edwin Donayre, general en retiro, que fue nombrado como Comandante General del Ejército del 2006 al 2008.

Huamán Chappa se desempeñó como analista de presupuesto para el área de evaluación de la subdirección de presupuesto, en el área de evaluación de la sub dirección de la DIPLAN (Dirección de Planeamiento del Ejército). Por este contrato que fue suscrito por la Oficina Administrativa del Cuartel General del Ejército, Huamán Chappa percibió un pago S/. 20, 000.

Otros favorecidos

Trabajadores de la ONPE también denunciaron que Pilar Biggio Pastor, gerente de Educación Electoral y vocera de la institución, solo cuenta con el grado de bachiller y no tiene título profesional.

Caso similar al de Ronny Henry Cáceres Mauricci, quien se desempeña como gerente de Educación Electoral, sin haber culminado sus estudios superiores, es decir, no tiene grado de bachiller ni de licenciado. Pero el peligro mayor es María Tillit, quien ejerce el cargo de Gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional. Todos estos trabajadores vienen de la gestión de Fernando Tuesta Soldevilla, que en el 2005 fuera sancionado por infringir el código de ética.

Tuesta Soldevilla, quien también fuera presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Electoral, sigue siendo contratado por la ONPE para realizar el servicio de análisis electoral recibiendo pagos mensuales que oscilan entre los 28 mil a 30 mil soles entre octubre del 2018 a enero del 2019.

Partido Morado

Otro hecho irregular denunciado por varios empleados de la ONPE que fueron despedidos del área de Gestión Electoral, es la irregular verificación de firmas de la segunda entrega del Partido Morado (PM) que lidera Julio Guzmán. En su primera entrega el PM había presentado muchos planillones de un mismo puño gráfico que fue detectado y comunicado al procurador de la ONPE.

Detallan que el 17 de diciembre de 2018, la perito grafotecnia Liliana Soledad Sánchez, contratada por Janina Huamán, es quien envía el informe de visión de conjunto de planillones que contienen las listas de adherentes de la segunda entrega del PM con un total de 36808 planillones, del cual solo observó una página. La perito hizo estas observaciones sin tener aún vínculo laboral con la ONPE y en tiempo record, explican.

La denuncia señala, además, que los verificadores designados para revisar las firmas de adherentes del PM fueron despedidos y no pudieron concretar la verificación.

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