07/03/2019 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
La fiscal de Lavado de Activos, Marita Barreto Rivera, quien solicitó 35 años de cárcel para el 'Clan Orellana', indicó que en la actualidad el Estado no está preparado para enfrentar procesos contra el crimen organizado y que para afrontarlos se debe cambiar el Código Procesal Penal.
La magistrada hizo estas declaraciones tras la presentación de la acusación contra Rodolfo Orellana, alegando que cuando inició la investigación había 20 implicados, pero ahora se ha identificado a 382 personas investigadas, entre las que se encuentran exprincipales funcionarios públicos.
Prueba de ello, dijo la fiscal, es que están siendo procesados Álvaro Delgado Scheelje, superintendente nacional de Registros Públicos, un presidente de la Corte Superior de Ucayali, junto a otros seis jueces. Además, hay fiscales, ya que se trata de una red enorme.
“Las normas no ayudan. El país, el Estado, no está preparado para enfrentar investigaciones contra el crimen organizado [...] ¿Cómo podemos trabajar en igualdad de armas, que es lo que pregona este Código Procesal Penal, cuando el fiscal es deficiente, no tiene presupuesto, una fotocopiadora para 200 mil folios para cualquier requerimiento que se haga para más de 50 personas? No es eficiente para este tipo de investigaciones”, comentó la fiscal.
La fiscal Barreto en la presentación de los resultados de su investigación, determinó que una presunta organización criminal liderada por Rodolfo Orellana operó por 12 años y amasó una fortuna de S/540'184,581 a través de la apropiación de inmuebles con actos fraudulentos.
Esta red, según la fiscal, logró infiltrarse en el Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerio Público, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y la Policía Nacional del Perú, entre otras principales entidades del Estado, con el propósito de archivar los casos denunciados por ciudadanos agraviados.
No hay personal
La representante del Ministerio Público explicó que en el proceso de Orellana hay 100 o 50 abogados interponiendo una serie de acciones obstruccionistas en el proceso y (además) audiencias judiciales, por lo que el personal fiscal que tienen es insuficiente.
