Susana Villarán: Varían regla de conducta impuesta contra la exalcaldesa de Lima
En audiencia llevada a cabo esta tarde por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, el colegiado aceptó - en parte - el levantamiento de las reglas de conducta impuestas hacia la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.
La diligencia presidida por el juez Jorge Chávez Tamariz corresponde a las investigaciones por el presunto delito de colusión, en el marco del caso 'Línea Amarilla'.
Levantamiento de medida restrictiva
El magistrado evaluó la solicitud del levantamiento de las reglas de conducta, interpuestas a la exautoridad capitalina entre 2011 y 2014, las cuales fueron formuladas desde el 12 de julio del 2022.
En su lectura de resolución, el juez declaró infundado el requerimiento que pretendía variar o dar caducidad a las medidas restrictivas dictadas por el Poder Judicial. No obstante, una prohibición fue suspendida.
En ese sentido, el titular de la sala admitió que la exburgomaestre pueda declarar sobre el mencionado caso a los medios de comunicación de tipo radial, escritos y televisivos, en concordancia a un reciente fallo de la Corte Suprema sobre el proceso que afronta el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. En esa línea, declaró fundada la revisión de oficio de las reglas de conducta impuestas.
Juicio oral empieza en septiembre
A finales de mayo, el Poder Judicial rechazó el pedido del Ministerio Público, a fin de que el juicio oral contra Susana Villarán y otros, empiece antes del mes de septiembre.
De acuerdo con el pronunciamiento del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, "la fecha establecida garantiza un plazo prudente para cumplir con todas las formalidades procesales, en especial la notificación adecuada a todos los implicados".
Como se recuerda, el propio PJ fijó para el 23 de setiembre, el inicio del juicio oral por los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita, colusión agravada, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo.
El Equipo Especial 'Lava Jato' del Ministerio Público la sindica de haber recepcionado dinero ilegal de las empresas brasileñas OAS y Odebrecht para "financiar" su campaña de no revocatoria en 2013 y de reelección municipal en 2014.