Política

Torres sobre críticas de la Fiscal Nación a PL que penaliza difusión de información penal: "Está violando la ley"

El primer ministro enfatizó en que “allí hay una falta grave y la Junta Nacional de Justicia podría investigarla”, en referencia a Patricia Benavides.
Anibal-Torres-Exitosa
06-07-2022

El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, respondió en conferencia de prensa a las críticas de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, respecto al proyecto de ley que plantea sancionar la filtración de información fiscal, y afirmó que estaría “violando la ley” al manifestar su oposición a la iniciativa del Ejecutivo.

“Los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público tienen que administrar justicia con estricta sujeción a la ley. No pueden decir, como he escuchado a la señora fiscal de la Nación, que la sociedad necesita ser informada cuando ustedes los periodistas le preguntan por el proyecto de ley. No, los funcionarios públicos para contestar a los periodistas lo tenemos que hacer responsablemente porque ella al decir eso está violando la ley”, expresó.

En esa línea, enfatizó en que “allí hay una falta grave y la Junta Nacional de Justicia podría investigarla”, al cuestionar la propuesta y afirmar que la población necesita estar informada. "Si estuviera en la JNJ inmediatamente la llamo para que me aclare cómo es eso porque los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público y ningún ciudadano pueden actuar al margen de la ley”, apuntó.

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Además, mencionó que si una investigación es reservada es “porque tiene sus razones, no es el capricho de nadie”, reiterando que la norma es para proteger los derechos fundamentales de las personas.

No obstante, remarcó que la decisión final está en manos de los congresistas. “El Congreso tomará la decisión, pero la decisión correcta es la que hemos presentado, si ellos hacen otra cosa es el poder del Estado, nosotros simplemente y llanamente la tendremos que acatar”, sentenció.

Como se recuerda, la iniciativa presentada por el Ejecutivo al Congreso propone penalizar a los jueces, fiscales, policías y abogados que proporcionen o difundan información de investigaciones penales en curso, con una pena de cárcel entre uno a dos años.

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