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Perú Libre ganaría votos

Elio Riera no descarta negociación política en caso Vladimir Cerrón: "No podemos descartarlo"

En entrevista para Exitosa, el abogado penalista Elio Riera, indicó que no se puede descartar que haya una negociación política detrás de la decisión del TC de anular la prisión preventiva de Vladimir Cerrón.
Tribunal Constitucional falló a favor de Vladimir Cerrón. Composición Exitosa
22-07-2026

El abogado Elio Riera dejó a entrever que el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declara nulas las órdenes de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón Rojas sean el resultado de una negociación política a su favor.

Como se recuerda, el máximo intérprete de la constitución declaró fundado el recurso de habeas corpus formulado por la defensa del exgobernador regional de Junín, disponiendo que sus procesos judiciales los afronte bajo comparecencia con restricciones, debido a que, tras la anulación de condenas previas y la variación de elementos de convicción, no le correspondía ser detenido.

Le parece llamativo que fallo se de en plena sucesión constitucional

En entrevista para el programa "Informamos y Opinamos", el letrado mencionó que el fallo en favor del líder de Perú Libre en plena sucesión constitucional, genera una serie de suspicacias sobre la existencia de un contubernio.

Sin embargo, sostuvo que los magistrados del TC le dan "seguridad jurídica", por lo que espera que dentro del escenario político, dicha resolución obedezca sobre la misma. Incluso, recordó que en el marco de las elecciones regionales y municipales de octubre próximo, su partido podría verse beneficiado con su presencia. 

"Lo normal, lo lógico sería entender que, si sale Vladimir Cerrón es para poder golpear al Gobierno, porque definitivamente es la tendencia, salvo que, políticamente, hayan existido acercamientos, como no, es una posibilidad, a efectos de que pueda viabilizarse esto", mencionó.

Pedro Castillo: Corte Suprema confirma ampliación de orden de prisión preventiva

La Corte Suprema de Justicia ratificó la orden de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, investigado por la presunta comisión de organización criminal, bajo condición de líder, en agravio del Estado, más precisamente al interior de Petroperú S.A., el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

La decisión de la sala declaró infundado el recurso de apelación formulado por la defensa del mandatario, declarando fundado el requerimiento del Ministerio Público de prolongar por 12 meses la medida restrictiva; es decir, hasta el 8 de marzo de 2027.

En el caso de la entidad petrolera, la Fiscalía investiga al exmandatario por la designación de Hugo Chávez Arévalo como presidente del directorio de PetroPerú a cambio presuntamente recibir un pago ilícito de S/ 30.000. Así como, el aparente direccionamiento en favor de la empresa Heaven Petroleum Operators SA, representada por Abudayeh Giha, para la adquisición de Biodiésel B100 para el periodo de enero-abril 2022.

Sobre el 'caso Provías', el Ministerio Público investiga la licitación de la obra Puente Tarata III, cuyo beneficio económico en favor del expresidente sería el 0.5 % del total del valor adjudicado, a través de, supuestamente, sus sobrinos y el exministro de Transportes, Juan Silva Villeagas.

En tanto, las acciones en el sector vivienda involucran la emisión del Decreto de Urgencia N.º 102-2021, el cual priorizaba obras en las municipalidades de Anguía y Chachapoyas, vinculados a la red investigada.

Según la carpeta fiscal, el proceso involucra a 90 personas en distintos despachos fiscales, entre los que destacan el Castillo Terrones y los exministros Juan Silva (MTC) y Geiner Alvarado López (Vivienda). 

Finalmente, en entrevista brindada el 20 de julio a Exitosa, el presidente José María Balcázar mencionó que aún no han tomado una decisión sobre un eventual indulto al expresidente. En ese sentido, indicó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está trabajando un dictamen que evalúa dicha prerrogativa constitucional.