¡Caen por coimeros!: Dictan prisión preventiva contra policías acusados de cobrar para anular multas en Cajamarca
El escándalo vuelve a golpear a la Policía Nacional del Perú (PNP). El Poder Judicial dictó siete meses de prisión preventiva contra los efectivos Rollin Stone Muñoz Vásquez y Erik Muñoz Cotrina, investigados por el presunto cobro de coimas para anular papeletas de tránsito.
La medida fue solicitada por el Ministerio Público, que sostiene que existen graves y fundados elementos de convicción sobre la posible comisión del delito de cohecho pasivo. Según la tesis fiscal, los agentes habrían pedido dinero a los conductores intervenidos a cambio de no imponer la infracción de dejarla sin efecto.
El presunto cobro ilegal
De acuerdo con la investigación preliminar, el caso salió a la luz tras una denuncia que alertó sobre presuntas irregularidades en intervenciones de tránsito. Las autoridades iniciaron diligencias que incluyeron recopilación de testimonios y otras pruebas para determinar si existió un acuerdo ilegal entre los agentes y conductores, además de encontrarse un sobre con billetes.
El delito que se investiga es cohecho, una figura penal que sanciona a los funcionarios públicos que solicitan o reciben beneficios indebidos a cambio de incumplir funciones. En este caso, la acusación apunta a que los efectivos habrían utilizado su cargo para obtener dinero de manera ilícita.
La prisión preventiva fue dictada mientras continúan las investigaciones, con el objetivo de asegurar la presencia de los imputados durante el proceso y evitar una posible obstaculización de la justicia.
Siete meses mientras avanza la investigación
El juez consideró que existen elementos suficientes para imponer la medida restrictiva por siete meses, plazo en el cual el Ministerio Público deberá profundizar las diligencias, reunir más pruebas y definir si presenta acusación formal.
Este casi vuelve a poner en debate los mecanismos de control interno dentro de la institución policías y la necesidad de reforzar la supervisión en operativos de tránsito. La presunta anulación de papeletas mediante pagos ilegales no solo representa un delito, sino que también afecta directamente la confianza de los ciudadanos en las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Por ahora, ambos investigados permanecerán bajo prisión preventiva mientras se esclarecen los hechos y se determina si existió una red o si se trató de acciones individuales. Durante este periodo, la Fiscalía continuará recogiendo declaraciones, revisando registros y evaluando todas las pruebas necesarias para sustentar una eventual acusación formal. De confirmarse responsabilidad penal, podrían enfrentar penas más severas conforme al Código Penal, además de sanciones administrativas que incluirían su separación definitivamente de la institución. El proceso será clave para enviar un mensaje claro sobre la lucha contra la corrupción en cualquier nivel del Estado.