Gobernador de Tumbes habría direccionado obras, según la PNP: "Hubo lavado de activos"
El director de investigaciones de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos y Extinción de Dominio (DIRILA) de la Policía Nacional del Perú (PNP), Gral. PNP Orlando Sánchez, brindó detalles de la detención del gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, por presuntamente ser líder de la organización criminal 'Los elegantes del Gore'.
En diálogo para Exitosa, la autoridad policial sostuvo que todos los indicios conducen a que el gobernante de la región fronteriza sí habría cometido el delito de lavado de activos, con la presunta complicidad de Zoila Cuéllar Garay, su pareja sentimental, Luis Peña Alburquerque y Carmen Guerrero Jaime.
¿Qué se le imputa al gobernador regional de Tumbes?
De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, fue detenido la noche del jueves 5 de febrero en Lima por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.
Según la investigación preliminar, la gestión regional de Cruces Ordinola habría adjudicado irregularmente obras de descolmatación en el distrito de Corrales, y la reconstrucción del Hospital de Apoyo Saúl Garrido Rosillo II-I, en el distrito y la provincia de Tumbes, así como otros aparentes actos al margen de la ley.
Sobre las graves acusaciones que recaen en su contra, el general de la PNP reveló habría un "desvío de dinero" de los recursos destinados para las obras públicas en mención, con la finalidad de adquirir bienes de uso personal. Esta situación sería el agravante más que suficiente para comprobar que sí cometió dicha infracción, por lo que su captura está más que justificada.
"Del dinero que se ejecutó, llegan a los 3 millones de soles, parte de ese dinero se ha dispuesto para otras compras, se ha desviado por decir para la compra de bienes, muebles e inmuebles que justamente, son motivo también de la disposición judicial que ha habido: detención de personas y dos bienes e inmuebles incautados", mencionó.
Ordenan detención preliminar por 15 días
De acuerdo con la resolución N.º 1 del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, se autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones en un plazo máximo de 96 horas.
El fiscal Manuel Eduardo Apolo Casariego estará a cargo de la diligencia, procediendo a la visualización y extracción de información de los teléfonos móviles y diversos aplicativos de mensajería de las personas en mención.
Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de una investigación destinada a desarticular presuntas redes de blanqueo de capitales y corrupción dentro del Gobierno Regional de Tumbes, bajo las modalidades de conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia; transporte, traslado, ingreso o salida de dinero o títulos valores de origen ilícito.
La disposición judicial también dispone la detención preliminar por 15 días hacia los imputados, mientras se desarrollan las diligencias que puedan avalar la teoría fiscal, quedando la opción de requerir prisión preventiva contra quienes lo consideren necesario.
Desde la PNP sostienen que todos los caminos llevan a que otra autoridad regional podría permanecer un cuantos meses tras las rejas.