Piura enfrenta ola de extorsiones: Denuncias crecen nueve veces en seis años y penales superan el 200% de hacinamiento
La región Piura atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes. Entre enero y setiembre de 2025, se registraron 107 denuncias por extorsión por cada 100 mil habitantes, cifra nueve veces mayor que la registrada en 2019, según el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL).
A pesar de que la tasa general de delitos bajó 27.1% respecto a 2024, las extorsiones continúan al alza, convirtiendo a Piura en la tercera región del norte con más casos, solo detrás de Tumbes y La Libertad. En paralelo, el 61% de los piuranos afirma sentirse inseguro al caminar de noche, reflejando el impacto social de este fenómeno criminal.
La fuga reciente de un interno del penal de Piura reavivó las críticas sobre el manejo del crimen organizado y la falta de control en los establecimientos penitenciarios. Este hecho simboliza los desafíos estructurales que enfrenta la región para frenar el avance de la delincuencia.
Sullana, epicentro del delito
El crecimiento de las denuncias por extorsión ha sido particularmente alarmante en Sullana, donde los casos se multiplicaron por más de veinte: pasaron de 12 a 256 por cada 100 mil habitantes entre 2019 y 2025. La provincia concentra más del 70% de las denuncias vinculadas a la minería ilegal, una de las actividades que alimenta las redes delictivas en la zona.
En Talara, las denuncias subieron de 25 a 173 por cada 100 mil habitantes, mientras que en la provincia de Piura crecieron de 16 a 107 en el mismo periodo. Este patrón evidencia la expansión del crimen organizado en el norte del país, donde las economías ilegales encuentran terreno fértil ante la débil respuesta institucional.
La situación demanda una acción coordinada entre la Policía Nacional, las autoridades locales y el Gobierno central, enfocada en inteligencia, presencia territorial y prevención social. Sin embargo, la falta de recursos y la infraestructura deficiente limitan la capacidad de respuesta.
Infraestructura precaria y penales saturados
El Ministerio del Interior advierte que solo el 28% de las comisarías de Piura está en buen estado, y tres de cada cinco carecen de servicios básicos adecuados. A ello se suma una reducción del 29.6% en el presupuesto regional para orden público y seguridad, que en 2025 ascendió a S/101 millones ajustados por inflación.
Hasta el cierre del tercer trimestre, solo el 60% de esos fondos había sido ejecutado, lo que limita las acciones frente al crimen. Además, los penales de la región operan al 209% de su capacidad, con 4,837 internos en instalaciones diseñadas para menos de la mitad.
Frente a esta emergencia, especialistas plantean aprovechar mecanismos como Obras por Impuestos (OxI) para ampliar la infraestructura penitenciaria y modernizar las comisarías. El proyecto de ampliación del penal de Piura vía OxI, impulsado por el INPE, se considera un avance que podría replicarse en otras provincias.
Sin una estrategia integral que combine inversión, prevención y control, Piura continuará siendo uno de los principales focos de extorsión y criminalidad del norte del país.