Dina Boluarte no será investigada durante su mandato: TC declaró fundada la demanda
El Tribunal Constitucional ordenó suspender las investigaciones contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, hasta que concluya su mandato. De esta forma el TC ha declarado fundada la demanda interpuesta por el Ejecutivo. Esta es una medida que define los alcances de la inmunidad presidencial.
TC ordena suspender investigaciones
Tal como lo adelantó la presidenta del TC, Luz Pacheco, los magistrados ya tomaron su decisión sobre la demanda interpuesta por Dina Boluarte contra el Poder Judicial y el Ministerio Público. De esta manera se ordenó suspender las investigaciones iniciadas contra la mandataria.
La institución encargada de interpretar la carta magna resolvió que la inmunidad presidencial "resulta estrictamente necesaria tomando en cuenta la naturaleza del cargo y la especial relevancia de su adecuado ejercicio en el marco del régimen político".
Asimismo, el TC establece que "el inicio del proceso penal contra el titular de la Presidencia de la República en ejercicio, se efectuará una vez culminado el antejuicio político ante el seno del Congreso de la República y luego de que se haya determinado 'ha lugar la formación de causa' y, además, se emita la 'resolución acusatoria de contenido penal'"
Este fallo no solo aplica para Boluarte, sino también para todos los presidentes que la van a suceder, siendo así un fallo histórico y polémico ante la cantidad de investigaciones que enfrentaba Boluarte.
¿Qué dice la demanda del Ejecutivo?
El 25 de julio el procurador público especializado en materia constitucional del Poder Ejecutivo interpuso una demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, alegando que ambas instituciones se exceden al realizar diligencias contra la presidenta.
Entre los excesos mencionados se encuentra la solicitud del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficop) para allanar la vivienda de la mandataria y Palacio de Gobierno, ello en el marco de las investigaciones por el caso Rolex. La solicitud fue autorizada por un juez, pero, según los abogados de la jefa de Estado afectan a la investidura presidencial.
El procurador del Ejecutivo alegó que se habían "emitido diversas resoluciones que no están amparadas en los supuestos previstos en el artículo 117 de la Constitución Política sobre la acusación al presidente de la república durante su mandato, y que ello supone un ejercicio indebido o prohibido de sus competencias".
En ese sentido, el defensor público del Ejecutivo, solicitó que el TC precise el contenido y los alcances del artículo 117 de la Constitución, y que la interpretación considere los tratados internacionales sobre derechos humanos que fueron ratificados por el Estado peruano.