Lula denuncia "matanza" en Río y exige investigación por operativo contra Comando Vermelho con 121 muertos
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó como una "matanza" el operativo policial en Río de Janeiro que dejó 121 muertos, entre ellos 117 presuntos delincuentes y 4 policías.
Durante una entrevista en Belém, el mandatario reclamó una investigación exhaustiva sobre las condiciones en que se desarrolló la acción, considerada la más letal en la historia reciente del país.
"La decisión del juez fue una orden de arresto, no una orden de masacre", declaró Lula, insistiendo en que los hechos deben ser revisados con transparencia.
El operativo se ejecutó en dos complejos de favelas de Río de Janeiro y estuvo dirigido contra el Comando Vermelho, una de las facciones criminales más poderosas de Brasil. Las impactantes imágenes de vecinos alineando cuerpos en las calles causaron conmoción nacional e internacional.
Gobernador defiende la operación y la considera un éxito
El gobernador del estado de Río de Janeiro, Claudio Castro, quien autorizó la intervención, calificó el operativo como un "éxito en la lucha contra el narcoterrorismo". Su postura contrasta con la del presidente Lula y con las críticas de organismos de derechos humanos.
Castro sostuvo que la acción se realizó dentro del marco legal, argumentando que era necesaria para enfrentar a una organización criminal altamente armada y peligrosa. Sin embargo, la alta cifra de víctimas ha reabierto el debate sobre el uso excesivo de la fuerza en Brasil.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se sumó a las exigencias de una investigación inmediata. Manifestó su preocupación por la proporcionalidad del operativo y la posible violación de los protocolos de seguridad.
Reacciones y consecuencias políticas del operativo
Durante la intervención, las autoridades incautaron armas de guerra valoradas en más de dos millones de dólares, algunas de ellas procedentes de Argentina, Perú y Rusia. Las fuerzas del orden presentaron la operación como un golpe importante contra el crimen organizado.
Pese a las críticas internacionales, encuestas recientes muestran que la mayoría de los brasileños aprueba la acción policial, reflejando un clima de alta demanda de seguridad y respaldo a las medidas de mano dura.
Lula, por su parte, reiteró que la sociedad tiene derecho a conocer la verdad y que solo se dispone de la versión oficial del gobierno estatal. Además, no descartó revisar los procedimientos de intervención en futuras operaciones conjuntas entre organismos federales y locales.
En respuesta al creciente reclamo de seguridad, el mandatario promulgó una ley que refuerza el combate al crimen organizado, aprobada días después del operativo. Lula defendió su compromiso con la seguridad ciudadana dentro del Estado de derecho, subrayando que la justicia no puede confundirse con la venganza.