Graves acusaciones en su contra
19/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 19/10/2026
La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados aprobó con cinco votos a favor y uno en contra, el informe final que declara fundada la denuncia de parte contra el diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú); asimismo, recomienda al Pleno su suspensión en el ejercicio del cargo y el descuento de sus haberes por 120 días.
En una sesión llevada a cabo este lunes 19 de octubre, el grupo de trabajo parlamentario que preside el diputado Henry Albañil Carmona (Partido Cívico Obras), puso a debate la denuncia compendida en el Expediente 001-2026-2027/CEP-CD.
Julián Pérez acusado de violencia física y psicológica
Como se recuerda, Julián Pérez Mallqui es investigado por la agresión física y psicológica hacia su expareja en una comisaría de San Miguel, caso que fue dado a conocer a finales de julio. Según el parte policial, dicha situación motivó su intervención inmediata y detención en flagrancia por 48 horas.
A mediados de agosto, la propia Comisión anunció el inicio de una investigación preliminar para el esclarecimiento de los hechos. En ese sentido, el propio diputado aseveró en su momento que se ponía a disposición de todas las diligencias posibles.
Posteriormente, el caso pasó a la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar; mientras que, el diputado de Renovación Popular, Christian Aranda, solicitó su suspensión por 120 días, sin goce de haber.
Como parte del procedimiento, el pasado lunes 28 de septiembre, la Comisión de Ética aprobó la denuncia de oficio contra el diputado en cuestión, en una audiencia reservada porque se abordaron aspectos íntimos de la parte agraviada, con el propósito de evitar su revictimización.
Nueva investigación hacia Julián Pérez y Catherine Palomino
Durante la sesión de este lunes 19 de octubre también fueron aprobados los informes de calificación que recomiendan declarar procedentes las respectivas denuncias hacia Julián Pérez Mallqui y Catherin Palomino Casalvilca (ambos de Juntos por el Perú), disponiendo el inicio de la etapa de investigación en sus contras.
En el caso del primero, se le imputa haber contratado a una ciudadana en el cargo de técnico para su despacho, persona con quien además tendría una relación afectiva, situación que está prohibida, según el reglamento del Congreso de la República.
En el caso de la legisladora, a mediados de septiembre se reveló que habría exigido a los integrantes de su equipo técnico, financiar con su propio dinero, diversos bienes para la implementación de su oficina y actividades oficiales, como, por ejemplo, cuadros decorativos, tarjetas de presentación personales, murales de madera e insumos (charqui y bebidas) para sus viajes de semana de representación.
Frente a esta acusación, la diputada deslindó de toda responsabilidad, con referente al contenido del grupo de WhatsApp denominado: "Ayudas y gastos - despacho". "Yo me someto a todas las investigaciones. Me voy a someter a la bancada, a Ética", indicó Palomino Casavilca el pasado 17 de septiembre.
No obstante, al ser consultada sobre si una persona de su equipo tomó su nombre para pedir parte del sueldo de sus trabajadores, respondió a la prensa que "tendrían que preguntarle a ella".
Ambos casos vuelven a empañan la imagan del Congreso, donde la ciudadanía espera la máxima sanción hacia los acusados.
