Asociación Nacional de Conductores cuestiona medidas del gobierno contra crimen: "Se ha agravado notablemente"
La Asociación Nacional de Conductores del Perú (ANCPP) emitió un comunicado público cuestionando las acciones adoptadas desde el ingreso de José Jerí a la presidencia de la República ante el crimen organizado, indicando que la situación se habría "agravado".
Comunicado ante situación del país
A través de un reciente comunicado, la ANCPP, inició el comunicado asegurando que desde la asunción de José Jerí hacia la presidencia, el crimen organizado habría empeorado por los constantes asesinatos que se registran en el territorio peruano.
Al respecto, indicó que los actos del crimen organizado han comenzado a atacar con más fuerza, incluso a la propias autoridades de la Policía Nacional del Perú (PNP), citando el caso del reciente asesinato del joven alférez, Jhordi Escobedo Mori.
" La ANCPP (...) desea dejar en claro que, desde que el señor José Enrique Jerí Oré asumió la presidencia, la situación en el país se ha agravado notablemente", señala el escrito.
La asociación de transportistas, presidida por Martín Valeriano, indica que, a pesar de contar con estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, las muertes dirigidas desde el crimen organizado no han disminuido.
Piden derogatoria de leyes 'pro crimen'
La derogación de las leyes denominadas 'pro crimen' también es un pedido por parte de la ANCPP por "favorecer directa o indirectamente a la criminalidad y a quienes hoy detentan el poder", indican.
Dentro de las cuestionadas leyes se encuentran la Ley 31990, 32130, 32108, 31751 y 32104, 31989 y 32181; las cuales según indican han "debilitando la capacidad del sistema de justicia para enfrentar la corrupción y el crimen organizado".
En diálogo con Exitosa, los abogados Juan José Quispe y Claudio Cajina analizaron las cuestionadas leyes, quienes señalaron que se estarían restringiendo las capacidades del Ministerio Público (MP) y la PNP para accionar ante graves delitos.
Dentro de las coincidencias de ambos juristas indicaron que la eliminación de la detención preliminar complica la labor fiscal y de la policía. Indican que una vez vencido el plazo de esta detención el presunto criminal puede enfrentar el proceso en libertad.
"A veces la fiscalía encuentra indicios plausibles de un delito, pero no puede hallar a la persona. En esos casos, se pide al juez una detención preliminar por siete o quince días. Con la nueva norma, si no hay flagrancia, ya no habrá detención preliminar, y eso es gravísimo", señaló Juan José Quispe.
Si bien se necesita una regulación en la aplicación de la detención preliminar, ambos abogados coinciden en que agrava la situación de la lucha contra el crimen, por la medida respaldada por el Congreso.
La lucha contra el crimen organizado viene siendo cuestionado por la Asociación Nacional de Conductores del Perú quienes consideran que se ha "agravado" la situación en el país.