Debate legal encendido
24/10/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 24/10/2025
En diálogo con Exitosa, los abogados Juan José Quispe y Claudio Cajina analizaron el impacto de las nuevas normas aprobadas por el Congreso, las cuales, según señalaron, restringen las facultades del Ministerio Público y de la Policía Nacional para actuar ante delitos graves.
Quispe explicó que la suspensión de la incautación de materiales explosivos utilizados en la minería ilegal representa un retroceso en la lucha contra este delito.
"Para combatir la minería ilegal, la policía ya no va a poder incautar esos materiales explosivos", sostuvo, advirtiendo que esta medida "limita tremendamente el trabajo fiscal y policial".
Además, el jurista alertó que la eliminación de la detención preliminar complica aún más el panorama. "A veces la fiscalía encuentra indicios plausibles de un delito, pero no puede hallar a la persona. En esos casos, se pide al juez una detención preliminar por siete o quince días. Con la nueva norma, si no hay flagrancia, ya no habrá detención preliminar, y eso es gravísimo", subrayó.
Consecuencias para la seguridad y la justicia
El letrado precisó que esta restricción impide detener a sospechosos cuando la evidencia aparece días después del crimen. "Si alguien asesina a otra persona y el video aparece tres días después, ya no podrá ser detenido, solo enfrentará el proceso en libertad. Esto debilita la investigación y favorece la impunidad", advirtió Quispe.
Por su parte, Claudio Cajina coincidió en que ambas normas generan riesgos significativos. "Debilitar las medidas de intervención y control de maquinaria y explosivos facilita la expansión de la minería ilegal, un delito con impacto ambiental, tributario y social", señaló.
Cajina sostuvo que este tipo de delitos requiere "mayor severidad y no flexibilidad", ya que su crecimiento afecta directamente a comunidades enteras y al Estado.
En ese sentido, advirtió que la decisión del Congreso "va en dirección contraria a la política de control y fiscalización que debería fortalecerse".
La eliminación total no es la solución
El especialista agregó que no está en contra de regular la detención preliminar, pero cuestionó su eliminación absoluta. "Es razonable acotar su abuso, pero eliminarla completamente deja sin herramientas a las fiscalías en casos de crimen organizado, trata de personas, sicariato o extorsión", explicó.
Cajina propuso que la solución pasa por regular la medida con criterios objetivos, aplicarla solo en delitos graves y bajo un control judicial reforzado, evitando así los excesos sin debilitar la persecución penal.
Finalmente, el experto en leyes consideró que el Congreso confundió el control con la restricción, al aprobar las cuestionadas leyes, que hoy por hoy son objeto de observación para cierto sector poblacional.
