Crisis en San Marcos: Renuncia el Comité Electoral denunciando injerencia política en elecciones internas
El Pleno del Comité Electoral Universitario (CEU) oficializó su salida este miércoles 20 de mayo, argumentando que no existen garantías mínimas para continuar. La inestabilidad actual, generada por la ocupación estudiantil desde el 12 de mayo, ha bloqueado el cronograma electoral que debía renovar el actual rectorado.
Factores que obligaron la salida del comité
Según la carta oficial del Comité Electoral Universitario, la institución enfrenta una parálisis operativa total. La falta de soporte técnico de la ONPE para las votaciones virtuales y la presión de once decanos han hecho insostenible la gestión del actual proceso comicial interno.
El organismo electoral también subrayó que los actos preparatorios, que incluían la creación de kits y reglamentos, quedaron inutilizados por este clima hostil. La imposibilidad de ejecutar un proceso transparente bajo estas condiciones forzó a sus miembros a presentar una dimisión de carácter irrevocable.
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La injerencia de actores externos ha sido el punto de quiebre definitivo. El comité denunció la intromisión de congresistas y del candidato presidencial Roberto Sánchez, quienes apoyaron las protestas estudiantiles, vulnerando así la autonomía universitaria consagrada en la Constitución y las leyes vigentes del país.
Esta situación política ha dificultado el normal desarrollo de las labores administrativas dentro del recinto. Los miembros del comité señalaron que la presión ejercida ha superado los límites de la convivencia académica, haciendo imposible continuar con las tareas de organización electoral programadas para julio.
Impacto en la gestión de la rectora
La renuncia ocurre cuando existe un fuerte rechazo hacia el proyecto de ley que permitiría la reelección de Jeri Ramón. Con la suspensión de las elecciones, la actual rectora se mantendrá en su cargo hasta que se elija un nuevo comité electoral institucional.
Este vacío de poder administrativo preocupa profundamente a diversos sectores de la comunidad académica. La falta de un órgano encargado de convocar nuevos comicios deja en suspenso la renovación de las autoridades, extendiendo el mandato actual de forma indefinida frente a las protestas estudiantiles.
El conflicto ha trascendido las aulas, involucrando a entidades como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Estas instituciones han intentado mediar en el pliego de reclamos estudiantiles, aunque sus propuestas han sido interpretadas por el comité como nuevas formas de interferencia política.
Esta situación mantiene a la comunidad universitaria en una incertidumbre prolongada respecto a su futuro institucional. La toma del campus y la falta de condiciones técnicas impiden avanzar con los comicios, consolidando una crisis en las elecciones universitarias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.