Gobierno designa a Jorge Henry Cotos Ochoa como nuevo jefe del INPE
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), designó a Jorge Henry Cotos Ochoa como nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Su nombramiento se enmarca en la Resolución Suprema N.° 054-2026-JUS, publicada este lunes 9 de marzo en el Diario Oficial El Peruano, la cual es refrendada por el presidente José María Balcázar y el titular del MINJUSDH, Luis Enrique Jiménez Borra.
Asume funciones en reemplazo del Shadia Valdez
El nuevo titular del INPE reemplaza desde hoy a Shadia Valdez Tejada, quien a finales de enero último asumió temporalmente el puesto tras la renuncia de su antecesor, Iván Paredes.
La designación de Jorge Henry Cotos Ochoa se da en medio del proceso de absorción del INPE y el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) a cargo de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), entidad que se encargará próximamente de administrar el sistema penitenciario nacional.
Cabe precisar que, la Comisión de Transferencia que hará efectiva las fusiones de las entidades tendrá 90 días hábiles para llevarla a cabo, con opción a que pueda ser prorrogada por única vez en un plazo no mayor a 30 días calendario, según lo expuesto en el Decreto Legislativo N.º 1710, publicado el pasado 4 de febrero en El Peruano.
Grave denuncia en su contra
El nuevo jefe del INPE no es ajeno a la institución, puesto que, anteriormente, más precisamente en el año 2008, se desempeñó como director general de la Oficina Regional del INPE, en Lima. No obstante, su última etapa en la entidad se vio marcada por una grave denuncia en su contra, así a otros tres altos funcionarios de aquel entonces.
De acuerdo con la investigación que fuera llevada por el INPE, dirigido en aquella oportunidad por Leonardo Caparrós, a Jorge Henry Cotos Ochoa, Oscar Castillo Calderón, subdirector de Seguridad de la Región Lima; Luis Mejía Medina, jefe de Diligencias Judiciales de la misma dependencia y Manuel Silva Palacios, director del penal de Huaral, fueron acusados de trasladar a tres internos del penal de Piedras Gordas al de Lurigancho, pero con resoluciones judiciales falsas.
El entonces titular del INPE calificó estos hechos como "muy graves" y comentó que hubiera sido "muy fácil" verificar la autenticidad de dichas órdenes judiciales, porque, por lo menos, en uno de los casos, la dependencia judicial que supuestamente emitió una de la resoluciones está ubicada en el mismo edificio de la Oficina Regional de Lima, presidida por Cotos Ochoa.
El Gobierno nombró en este 2026 a un funcionario con acusaciones que dejan más dudas que certezas sobre su idoneidad para asumir el cargo.