24/05/2022 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
El defensor del Pueblo de Lambayeque, Julio Hidalgo, en entrevista con Exitosa, se pronunció sobre la muerte del 'Monstruo de Chiclayo' y afirmó que se deberá establecer la responsabilidad administrativa por parte del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE).
"Se tendrá que establecer la responsabilidad administrativa por parte del INPE y es esta entidad la que tendrá que rendir cuentas a la sociedad. Pero, sin perjuicio de ello, también el Ministerio Público, conforme a sus atribuciones, tendrá que investigar este hecho a los responsables del INPE. Sin duda esta situación tiene que acarrear no solo una responsabilidad administrativa sino penal en aquellos funcionarios que, teniendo el deber de cuidado, ha ocurrido una situación que ha generado que esta persona se suicide", precisó.
Así mismo, Hidalgo señaló que es "alarmante y preocupante" que este sujeto, que cumplía una sentencia de nueve meses de prisión preventiva en el penal de Challapalca tras confesar que secuestró y abusó sexualmente de una menor de 3 años, haya perdido la vida "bajo los cuidados que debe tener el Estado".
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En ese sentido, manifestó que esta situación genera impunidad y hace ver que no está funcionando bien el sistema de justicia.
"La Defensoría del Pueblo ha demandado al INPE para que haga una investigación rápida y se transparente sobre todo los resultados sobre la forma y cómo esta persona ha perdido la vida en este establecimiento penitenciario", indicó.
Por otro lado, consideró que se está descuidando a la "parte más débil en un hecho de violencia", que es la víctima, y resaltó que el Estado debe hacer todo los esfuerzos para proteger y estabilizar su salud mental.
"EsSalud de Lambayeque, a través del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, está brindando una vez por semana, por ahora, con monitoreos y controles, el soporte psicológico a la víctima y sus padres", reveló.
Además, destacó que desde la Defensoría del Pueblo tienen una línea de acción centrada sobre todo en acompañar a la víctima para que, sin perjuicio de los procedimientos legales que se sigan, reciban la atención psicológica porque "es ahí donde el Estado tiene que reforzar, mejorar, corregir, para realmente proteger y atender a las víctimas, y es un trabajo que no se está haciendo como se debería".
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