Proponen uso del polígrafo en postulantes y trabajadores del sector público y privado: "Prueba de control y confianza"

Un nuevo proyecto de ley en el Congreso ha sorprendido a la ciudadanía. Proponen el uso de polígrafo en postulantes y trabajadores del sector público y privado, con la finalidad de regular los mecanismos de control y mejorar los procesos de contratación.

Polígrafo para 'detectar mentiras' en trabajadores

El congresista Jorge Montoya de la bancada Honor y Democracia presentó el proyecto de ley N.º 13106/2025-CR que regula el uso del polígrafo en el ámbito laboral, estableciendo límites, condiciones y garantías, que aseguren el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores, en especial su dignidad, intimidad y libertad personal.

De acuerdo a la propuesta legislativa, se tiene como finalidad que se use esa herramienta "técnico-científica como instrumento preventivo de apoyo a la gestión pública y privada". Asimismo, se especifica que las pruebas serían realizadas de manera voluntaria, acorde con los derechos de los trabajadores.

"Para determinar si la persona está dando las informaciones que se les ha pedido, de manera veraz o si las está ocultando. Tiene múltiples uso. La ley está dada para que se pueda ser empleada en el ámbito privado o público para buscar la transparencia y luchar contra la corrupción", expresó el parlamentario a 'Canal del Congreso'.

¿Cómo se aplicaría el uso de polígrafo regulado?

El proyecto de ley, que actualmente está en comisión, indica que la aplicación del polígrafo debe ser de carácter complementario, preventivo y orientativo, y no puede considerarse como medio probatorio pleno ni como sustituto de los procedimientos administrativos, disciplinarios o judiciales establecidos por ley.

"Su finalidad es aportar elementos técnicos que contribuyan a la toma de decisiones en los procesos de selección, control, investigación y fortalecimiento de la transparencia institucional", se lee en la iniciativa legislativa.

La aplicación del examen poligráfico se podrá realizar en los siguientes ámbitos y situaciones:

• Cuando la actividad del trabajador, postulante o candidato esté directamente vinculada con la defensa y seguridad nacional, la seguridad pública o la protección de la vida e integridad de las personas.
• Cuando exista sospecha razonable de participación del trabajador en un hecho que haya ocasionado un grave perjuicio económico o material.
• Cuando medie consentimiento libre, previo, expreso y por escrito del trabajador o postulante.
• En el sector público, como mecanismo de apoyo en los procesos de selección, control de confianza, investigación interna, prevención de actos de corrupción y fortalecimiento de la ética institucional, conforme a las disposiciones de cada entidad.
• En el sector privado, particularmente en actividades de seguridad, defensa, transporte, minería, banca, servicios críticos, o cualquier otro sector en el que se requiera garantizar la confiabilidad y la honestidad del personal, respetando siempre la legislación laboral y de protección de datos personales.
• En procesos de investigación administrativa o judicial, únicamente como herramienta auxiliar de orientación, con consentimiento expreso del evaluador.
• En procesos de auditoría interna, o de control institucional, cuando se requiere verificar información relevante para la integridad de la gestión pública o privada.

¿Quién evaluará la reglamentación?

Finalmente, se resalta que el encargado de supervisar el cumplimiento de la ley, que deberá ser aprobada primero en el Pleno, sería el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), quien tendría un plazo de 90 días para reglamentarla, detallar el procedimiento, las condiciones de consentimiento, así como los requisitos para la acreditación.

Finalmente, el congresista Jorge Montoya resaltó que la medida será voluntaria, "salvo en los altos cargos designados por el Congreso —como los miembros del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)— donde será obligatorio".

Es así como se reveló los detalles del proyecto de ley que propone uso del polígrafo como prueba de control y confianza en el ámbito laboral, cuya aplicación sería tanto en el sector público como privado, y previo consentimiento expreso del trabajador.