Recibos de luz: Gobierno regula cobros adicionales para mejorar iluminación contra el crimen
El Ejecutivo modificó el artículo 184 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas para mejorar la iluminación de calles y reducir los riesgos asociados a delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. La disposición fue publicada este miércoles 14 de octubre en el diario El Peruano.
¿En qué consiste la disposición?
El Decreto Supremo N.° 019-2026-EM establece reglas para proyectos de iluminación por seguridad ciudadana. La normal mantiene el límite de faccturación del servicio y contempla un procedimiento específico para los costos adicionales entre 2026 y 2030.
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La reforma establece que los proyectos de mejoramiento del alumbrado por razones de seguridad ciudadana se sujetarán a un procedimiento sobre costos adicionales aprobado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
¿Qué cambia en la facturación?
El decreto mantiene que la facturación por alumbrado público de la concesión no debe superar el 5% del monto facturado total. Asimismo, conserva una distribución entre usuarios basada en 24 tramos de consumo eléctrico, con distintos factores de proporción. Este límite no equivale a anunciar un incremento automático del 5% en cada recibo.
Proyectos entre 2026 y 2030
Durante el periodo 2026-2030, las mejoras de iluminación vinculadas a seguridad ciudadana deberán cumplir tanto el procedimiento de costos adicionales del Minem como la normativa vigente de alumbrado público. Por ello, el impacto económico dependerá de las reglas y proyectos correspondientes.
La medida se relaciona con el Decreto Legislativo N.° 1740, que modificó previamente la Ley de Concesiones Eléctricas para priorizar la iluminación en vías con criminalidad comprobada mediante información del sistema Datacrim del INEI, según el reporte de Infobae.
De esta manera, el Ejecutivo aprobó una modificación al artículo 184 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas con la finalidad de optimizar el alumbrado público y reforzar la seguridad en las calles. La medida busca reducir los riesgos vinculados a delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, y fue oficializada el miércoles 14 de octubre.