Venta y activación indiscriminada de chips sería SANCIONADA con nueva norma, señalan expertos
El Gobierno publicó un Decreto Supremo que complementa la Ley 32.451, una norma vigente desde septiembre, con el objetivo de frenar el comercio, la venta y la reproducción ilegal de líneas telefónicas.
Según explicaron Jorge Zeballos, experto en ciberseguridad, y Diego Alarcón, abogado penalista, en diálogo con Exitosa, la medida busca combatir la activación indebida de chips que terminan siendo utilizados por redes delictivas para extorsionar a ciudadanos y empresas.
La norma introduce sanciones penales contra quienes venden o activan ilegalmente chips, incluso contra aquellos que los poseen sin registro válido. De esta forma, el Ejecutivo pretende cerrar el paso a las mafias que se benefician del mercado negro de líneas móviles, un problema que ha crecido en los últimos años.
El papel de Osiptel en la fiscalización
El Decreto Supremo dispone que Osiptel será la entidad encargada de recibir y validar la información proporcionada por las empresas de telefonía y otras instituciones del Estado. El objetivo es detectar activaciones con datos falsos o no solicitadas por los usuarios.
Además, la norma establece que los trabajadores de las operadoras que participen en activaciones ilegales también serán sancionados, marcando un precedente en la responsabilidad compartida dentro del sistema.
Sin embargo, Zeballos y Alarcón coincidieron en que el decreto aún presenta limitaciones, ya que la efectividad de la medida depende de la cooperación activa de las empresas de telefonía. Sin su colaboración, advirtieron, será difícil procesar la información y avanzar en la identificación de responsables.
Desafíos y participación interinstitucional
Los especialistas señalaron que el decreto aún requiere de una regulación adicional por parte de Osiptel, la cual deberá definir cómo se canalizará la información entre las compañías, la Fiscalía y la Policía Nacional.
"Sin protocolos claros y una coordinación efectiva entre las instituciones, será complicado obtener resultados concretos", señalaron los expertos, quienes destacaron que la lucha contra la extorsión requiere un enfoque integral.
Asimismo, remarcaron que el decreto constituye un avance, pero aún falta desarrollar mecanismos precisos para el intercambio de datos y la supervisión permanente de las empresas operadoras, que son una pieza clave en el proceso de control.
En resumen, el nuevo Decreto Supremo refuerza la lucha contra la venta y activación ilegal de chips telefónicos, complementando la Ley 32.451. La norma penaliza tanto a vendedores y activadores irregulares como a quienes posean líneas no registradas, y otorga a Osiptel la responsabilidad de supervisar las activaciones indebidas.