Contraloría encuentra presunta responsabilidad penal contra Piero Corvetto por demora en el traslado del material electoral
La Contraloría General de la República (CGR) publicó este lunes 25 de mayo, su informe de control que determina presunta responsabilidad penal y/o administrativa entidad hacia el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, así como a otros nueve funcionarios, por la afectación al derecho al voto de más de 50 000 electores de Lima Metropolitana, durante la primera vuelta electoral.
Las irregularidades que empezaron el pasado 12 de abril no solo generaron que la jornada electoral se extienda hasta el día siguiente en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac, los cuestionamientos hicieron que el entonces jefe la ONPE renuncie al cargo nueve días después.
Irregularidades en el proceso de selección para el traslado del material electoral
Según lo revelado en el Informe de Control Específico n.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE, los funcionarios de la Subgerencia de Producción Electoral y la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE, requirieron la contratación del servicio de transporte de carga a nivel nacional para el despliegue y repliegue del material, equipos informáticos electorales e implementos para simulacro y sufragio, con términos de referencia que no determinaban la cuantificación real de vehículos requeridos.
Del mismo modo, señala que durante la fase de selección, los evaluadores de la ONPE asignaron un puntaje menor a uno de los postores calificados, ya que se aplicó un "criterio que no estaba establecido" en los términos de referencia y fue disminuir dos metros el largo de vehículos ofertados, determinándose un mínimo de capacidad de 10 metros cúbicos. En ese sentido, esta práctica permitió adjudicar la buena pro por S/ 6 368 332.75 a la empresa Galaga.
Desde la Contraloría enfatizan en que este favorecimiento ilícito se vio reflejado en la prestación total del servicio por parte de la empresa ganadora de la licitación, al brindar 437 vehículos de terceros (92 % del utilizado) y solo 40 vehículos propios (8 %), lo que se originó por el accionar irregular de los evaluadores.
Asimismo, señalan que, el subgerente de Producción Electoral y del gerente de Gestión Electoral de la ONPE, sí tenían conocimiento de la cantidad mínima de vehículos que se requería (68 vehículos propios hasta un total de 400 vehículos), quienes no actualizaron su requerimiento, procediendo a elaborar los términos de referencia sin determinar ni consignar en los mismos la cuantificación real de vehículos (400) para realizar el servicio de transporte a los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao.
Distribución inoportuna afectó a electores
Con referente a la demora de la entrega del material electoral para el 12 de abril, un día antes, los funcionarios de la ONPE efectuaron la reprogramación de 43 rutas que comprendía a 553 locales de votación, 8 261 mesas de sufragios, y que involucraban a 2 453 791 electores.
Al consignar por cada ruta un tiempo de entrega de tres horas y media a cuatro horas, cuando en realidad se requería al menos ocho horas, no se garantizaba la entrega oportuna del material y equipos informáticos electorales.
Como se recuerda, tales hechos generaron que se distribuya inoportunamente el material y equipos informáticos electorales a 3 605 mesas de sufragio, de las cuales 187 no fueron instaladas el día de la votación en Lima Metropolitana, afectando el derecho de sufragio de 55 261 electores.
La Contraloría recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores involucrados para determinar sus responsabilidades. Así como a la Junta Nacional de Justicia, para que disponga el inicio de las acciones que correspondan.
Finalmente, recomendó al titular interno de la ONPE, Bernardo Pachas, realizar las acciones correspondan hacia los funcionarios y servidores públicos comprometidos en los hechos irregulares.