JNJ exigió a Piero Corvetto un informe de trabajadores extranjeros en la ONPE antes de su renuncia
A poco antes de confirmarse su salida, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) notificó al entonces jefe de la ONPE, Piero Corvetto, un requerimiento obligatorio de información. La entidad exigió transparencia sobre los trabajadores extranjeros contratados, otorgando un plazo de cinco días bajo el artículo 154 constitucional.
Fiscalización al personal de la ONPE
Según este documento emitido el 20 de abril, la solicitud de la JNJ no solo buscaba cifras estadísticas, sino la identificación completa de cada ciudadano extranjero. El pliego incluía el tipo de documento, la modalidad de servicios y el área específica de desempeño.
La medida adoptada por la presidencia de la JNJ buscaba esclarecer la situación laboral de estos profesionales dentro del organismo. Esta solicitud se ampara en las competencias de control y supervisión de procesos que la ley le otorga a dicha institución autónoma.
Este requerimiento administrativo se ejecutó en un clima de alta tensión mediática tras las las elecciones generales, donde la gestión fue cuestionada. El pedido de la Dra. María Teresa Cabrera buscaba asegurar que la contratación de personal foráneo cumpliera con las normas institucionales vigentes.
La orden fue directa y de cumplimiento obligatorio para la oficina técnica, exigiendo que se detalle el cargo exacto de cada trabajador. Esta fiscalización surge en medio de denuncias sobre presuntas irregularidades en contrataciones, lo que obligó a la JNJ a intervenir de oficio.
Transparencia en medio de la crisis
La solicitud de información sensible ocurrió apenas horas antes de que se formalizara la renuncia de Piero Corvetto al cargo principal. Aunque el oficio no explicaba los motivos de fondo, el contexto sugiere un estricto control sobre los recursos humanos utilizados durante el proceso.
El documento otorgó un plazo perentorio de cinco días para que la oficina electoral entregara los documentos de identidad y contratos vigentes. Esta presión administrativa coincide con el momento en que se discutían irregularidades electorales y la continuidad del liderazgo en la institución pública.
Según la normativa de la JNJ, este tipo de requerimientos son fundamentales para garantizar la integridad de los organismos constitucionales autónomos. El ente busca determinar si hubo un manejo adecuado del presupuesto destinado al pago de personal de nacionalidad extranjera.
Con este requerimiento técnico, la JNJ dejó marcada su postura de vigilancia sobre la transparencia administrativa de la ONPE. El cruce de datos sobre los trabajadores extranjeros en el organismo electoral se volvió clave para entender las presiones sobre el renunciante.