Pataz: Poder Ejecutivo amplía estado de emergencia por 60 días para combatir a las organizaciones criminales y minería informal
El Poder Ejecutivo amplió por 60 días calendario el estado de emergencia en la provincia de Pataz del departamento de La Libertad, con la finalidad de hacer frente al accionar de las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal y otras amenazas que califican como otras situaciones de violencia.
A través del Decreto Supremo N.º 084-2026-PCM, publicado este martes 2 de junio, el Gobierno dispone que las Fuerzas Armadas sigan manteniendo el control del orden interno; mientras que, la Policía Nacional del Perú (PNP) continuará brindando su apoyo operacional.
Continúan las restricciones en Pataz
Durante la continuación de la medida excepcional, se sigue suspendiendo el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personal.
Tal como ha venido ocurriendo con los anteriores dispositivos promulgados por el Ejecutivo, la inmovilización social obligatoria (toque de queda) continuará aplicándose en el distrito de Pataz desde las 10:00 p. m. hasta las 5:00 a. m., desde el viernes 5 de junio.
No obstante, el personal que presta servicios de salud, medicinas, agua, saneamiento, vigilancia y seguridad, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y actividades conexas, quedan exentos de la medida.
También, se permite el desplazamiento con vehículo particular o peatonal de aquellas personas que requieren de una atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o salud; así como, para la adquisición de medicamentos. Del mismo modo, se permite que las farmacias y boticas puedan brindar atención.
Disposiciones complementarias
El dispositivo señala la modificatoria de los órganos de control y fiscalización que contribuyen con el Comando Unificado de Pataz (CUPAZ), en el marco de la declaratoria del estado de emergencia en la provincia de Pataz y en el centro poblado de Chagualito, distrito de Cochorco, provincia de Sánchez Carrión, quedando establecido bajo los siguientes términos:
- Policía Nacional del Perú
- Ministerio Público
- Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)
- Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN)
- Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC)
- Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL)
- Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) del Gobierno Regional de La Libertad
Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) implementa acciones de fiscalización de la información contenida en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO): además, brinda información actualizada al requerimiento de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú respecto a dicho registro. Dichas acciones son las que se menciona a continuación:
- Inspecciones físicas y documentarias de carga.
- Verificación documental y técnica de los vehículos de carga.
- Control del origen, destino y legalidad de insumos químicos, explosivos y materiales relacionados, maquinarias, equipos y productos mineros.
- Inspección del cumplimiento de normas de transporte terrestre de mercancías, capacidad de carga y autorizaciones.
- Incautaciones e inmovilizaciones de productos minerales, insumos químicos, explosivos y materiales relacionados o cualquier bien procedente o a favor de la minería ilegal.
- Las acciones de control y fiscalización llevan a la aplicación de sanciones administrativas e inicio de acciones legales, de corresponder.
La implementación de las acciones previstas en el dispositivo se financia con cargo al presupuesto institucional asignado a los pliegos involucrados y a las asignaciones de recursos adicionales autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal existente.
Finalmente, el presente decreto supremo es refrendado por el presidente José María Balcázar, el encargado de la Presidencia del Consejo de Ministros, Amadeo Flores Carcagno, y los titulares de Defensa, Transportes y Comunicaciones, Economía y Finanzas, Energía y Minas, Interior, y Justicia y Derechos Humanos.