Confirman casi 12 años de cárcel para cómplice que facilitó línea usada por extorsionadores en penal
La Séptima Fiscalía Superior Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María logró que se confirme la condena de cerca de 12 años de prisión efectiva contra Karina Capcha, hallada culpable como cómplice primaria del delito de extorsión en agravio de una empresaria.
La sentencia fue obtenida gracias a la actuación de la fiscal adjunta superior Luz Isabel Liberato Conde, quien acreditó la participación directa de Capcha en la adquisición de una línea telefónica utilizada para coordinar y ejecutar amenazas extorsivas.
De acuerdo con las investigaciones, la acusada compró una línea móvil que fue activada en una celda del penal de Piedras Gordas, lugar desde donde se originaron llamadas y mensajes de amenaza dirigidos a la víctima.
Amenazas desde prisión y exigencia de dinero
Previo a los hechos, la empresaria había sufrido el robo de un tráiler en un local de su propiedad, ubicado en Lurigancho-Chosica. Dos sujetos armados irrumpieron en el establecimiento y desactivaron el GPS del vehículo sustraído, con el fin de impedir su ubicación mediante el sistema satelital.
Días después, los delincuentes comenzaron a contactarla desde el penal, empleando la línea adquirida por Capcha. Le exigieron el pago de S/100,000 a cambio de no incendiar su vehículo, colocar explosivos en su vivienda o atentar contra su familia.
La fiscalía demostró que la línea telefónica estaba registrada a nombre de Karina Capcha, quien habría actuado como facilitadora para los internos involucrados en la red criminal. Su rol fue clave para garantizar el anonimato de los extorsionadores que operaban desde el centro penitenciario.
Recurso de nulidad y reparación civil
Pese a que Capcha interpuso un recurso de nulidad contra la sentencia inicial, la fiscal Liberato Conde ratificó la validez de las pruebas que la vinculan con los hechos. El tribunal confirmó la condena de prisión efectiva, rechazando los argumentos presentados por la defensa.
El Ministerio Público precisó que este caso forma parte de una investigación más amplia sobre redes delictivas dedicadas a prestar sus nombres para adquirir líneas móviles, utilizadas posteriormente en actos de extorsión y amenazas desde establecimientos penitenciarios.
Además de la pena privativa de libertad, Karina Capcha y los otros tres sentenciados deberán pagar una reparación civil de S/45,000 a favor de la agraviada, en compensación por los daños ocasionados.
Con este fallo, la Fiscalía reafirmó su compromiso de combatir las redes de extorsión que operan desde las cárceles del país, y de sancionar a quienes colaboren, directa o indirectamente, en la comisión de estos delitos.