Delia Espinoza: Junta Nacional de Justicia abre investigación preliminar por presunto uso indebido de vehículos oficiales
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso este lunes 9 de febrero, abrir una investigación preliminar contra Delia Espinoza Valenzuela por presuntas irregularidades en el uso de bienes públicos durante el periodo en que se encontraba suspendida en el cargo como fiscal suprema y fiscal de la nación.
De acuerdo con lo reportado por el organismo autónomo, la denuncia fue interpuesta por el ciudadano Luis Miguel Caya Salazar. Tras analizar los fundamentos, el pasado 26 de enero, el magistrado Gino Ríos Patio presentó su informe admitiendo la acusación.
Uso de vehículos oficiales la ponen en la mira
Según el Informe N.º 006-2026-GATRP-JNJ, la letrada habría utilizado dos vehículos oficiales del Ministerio Público, pese a encontrarse suspendida en el ejercicio de sus funciones, así como de todas sus atribuciones, desde el 19 de setiembre del 2025.
Bajo esta consideración, la JNJ consideró que estos hechos ameritan una investigación preliminar, con el objetivo de determinar si se produjo un uso indebido de recursos del Estado y si la conducta atribuida a la investigada resulta incompatible con los deberes y responsabilidades relacionados la función fiscal, incluso durante un periodo de suspensión.
Desde la entidad que ahora preside María Teresa Cabrera Vega señalan que lo determinado tiene como objetivo "velar por la legalidad, la ética y la correcta utilización de los bienes públicos". Asimismo, señalan que cada actuación de los magistrados y altas autoridades del sistema de justicia son evaluados conforme a los principios de responsabilidad y control.
PJ admite a trámite su querella contra Fernando Rospigliosi
El Juzgado Supremo Unipersonal de la Corte Suprema de Justicia admitió a trámite la querella formulada por Delia Espinoza Valenzuela contra el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi.
Según la resolución, la abogada solicitó que se le imponga al también presidente del Parlamento, una pena privativa de libertad de dos años, 240 días-multa, así como una reparación civil de un millón de soles.
Como se recuerda, en noviembre del 2025, Espinoza Valenzuela exigió al titular encargado del Congreso, una rectificación por haberla calificado como una "pro terrorista" y por realizar "ciertas afirmaciones" en ese sentido, según informó su abogado, Julio Huerta Barrera.
"Con fecha 20/9/2025, mediante su red social 'X', una vez más señaló a mi defendida como 'pro terrorista' e indicó que había fusionado a las Fiscalías de Derechos Humanos con las Fiscalía Antiterrorismo con la intención de proteger al terrorismo", señala la acusación.
Un nuevo proceso es iniciado por la JNJ contra la exfiscal suprema, conflicto que se originó desde junio del 2025 cuando la propia entidad ordenó que Patricia Benavides asuma sus funciones a la cabeza de la Fiscalía de la Nación, acción que al no ser acatada le terminaría costando el puesto.