Fiscal de la Nación presenta demanda ante el TC contra ley que penaliza a adolescentes desde los 16 años
La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, presentó este miércoles ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32330, la cual modifica el artículo 20 del Código Penal para incluir como penalmente imputables a los adolescentes de 16 y 17 años.
Esta acción fue interpuesta en representación del Ministerio Público, institución que considera que la norma transgrede principios y derechos fundamentales protegidos por la Constitución y convenios internacionales.
La demanda plantea que la Ley 32330 contradice el principio de interés superior del niño, reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política del Perú y en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado peruano.
Asimismo, advierte que esta modificación legal rompe con el sistema de justicia juvenil especializado, cuyo enfoque es eminentemente socioeducativo y no punitivo.
"En lugar de fortalecer los mecanismos de rehabilitación y reinserción, se opta por equiparar el trato penal de adolescentes con el de adultos, desconociendo su condición de personas en desarrollo", señala el documento presentado ante el TC.
¿Qué implica la Ley 32330 en el sistema penal?
La Ley 32330 fue aprobada por insistencia por el Congreso de la República el pasado abril y establece que los adolescentes mayores de 16 años podrán ser considerados responsables penalmente si cometen delitos, lo que permite que puedan ser procesados en el sistema penal ordinario.
La norma también prevé penas privativas de libertad para estos menores, en función de la gravedad del delito cometido. Según sus defensores, la ley busca hacer frente al incremento de delitos cometidos por menores, especialmente aquellos vinculados a bandas delictivas que utilizan adolescentes para evadir responsabilidades penales.
No obstante, organizaciones de defensa de derechos humanos, así como entidades del sistema de justicia, han advertido que esta medida no aborda las causas estructurales de la delincuencia juvenil y puede derivar en un mayor grado de exclusión social.
¿Qué sostiene el Ministerio Público sobre la inconstitucionalidad?
En su argumentación, el Ministerio Público enfatiza que la ley vulnera principios como el de legalidad penal, proporcionalidad y el respeto al debido proceso. Además, resalta que el cambio normativo fue aprobado sin un análisis técnico que evalúe sus impactos en la niñez y adolescencia.
La Fiscal de la Nación también sostiene que existe un riesgo de regresividad en materia de derechos humanos, al eliminar garantías específicas para adolescentes en conflicto con la ley.
El Tribunal Constitucional evaluará ahora la demanda presentada por el Ministerio Público y deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley 32330. El fallo será clave para definir los límites del tratamiento penal a los adolescentes en el Perú y sentará un precedente sobre el equilibrio entre seguridad ciudadana.