José Jerí: PJ señala que congresista comete el delito de desobediencia a la autoridad tras no recibir terapia psicológica
El Juzgado Civil Permanente de Canta, a cargo del juez Atilio Machaca Gil, resolvió el pasado 15 de enero de 2025 admitir a trámite, bajo proceso especial, la denuncia formulada por Carmen Sheyla Valladares Natividad contra José Enrique Jeri Oré y Marco Antonio Cardoza Hurtado, por presunta violencia sexual.
La resolución fue emitida en el marco de la Ley N° 30364, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Según los hechos denunciados, el 29 de diciembre de 2024, la agraviada habría sido víctima de abuso sexual en una vivienda del congresista Jeri Oré en la ciudad de Canta.
La denuncia refiere que, tras haber ingerido bebidas alcohólicas junto a los imputados, la víctima se encontraba inconsciente cuando presuntamente fue agredida. Al recobrar la conciencia, presentaba signos físicos de abuso sexual, lo que fue corroborado por el certificado médico legal.
Ante la gravedad del caso y en atención a los principios de intervención inmediata, sencillez y oralidad, el juzgado decidió prescindir de la audiencia oral inicial y dictó medidas de protección de inmediato.
¿Qué medidas dictó el juzgado?
Entre las disposiciones impuestas, el juzgado ordenó a los denunciados no comunicarse con la víctima por ningún medio, así como no acercarse a ella en un radio de 500 metros. También se prohíben actos de hostigamiento, acoso o agresión de cualquier tipo.
Además, se impuso un tratamiento reeducativo obligatorio para los imputados y terapia psicológica para la víctima, ambos a cargo del centro de salud más cercano al domicilio respectivo.
Asimismo, se designó al Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Canta como órgano encargado de supervisar el cumplimiento de las medidas por un plazo de tres meses, mediante visitas periódicas al domicilio de la víctima.
¿Qué ocurrió durante la audiencia de verificación?
El 29 de enero de 2025 se realizó la audiencia de ejecución de medidas de protección, dirigida por la jueza Roxana Becerra Urbina. Ninguna de las partes procesales se presentó, pese a haber sido notificadas debidamente.
Ante esta situación, el juzgado exhortó a las partes a cumplir con las medidas y los tratamientos ordenados, bajo apercibimiento legal en caso de incumplimiento, lo cual podría derivar en denuncias por desobediencia o resistencia a la autoridad.
La resolución emitida por el Juzgado Civil de Canta busca garantizar la integridad física y emocional de la denunciante, activando de manera inmediata los mecanismos de protección contemplados en la Ley N° 30364. El cumplimiento estricto de estas medidas será supervisado por la Policía Nacional y el CEM de Canta, como parte de un proceso que continúa su curso legal.