Martín Vizcarra: Presentan denuncia constitucional contra expresidente en caso de pruebas rápidas Covid - 19
La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, y los exministros María Antonieta Alva Luperdi (Economía) y Víctor Marcial Zamora Mesía (Salud), como presuntos autores del delito de colusión agravada en agravio del Estado peruano.
La denuncia se basa en hechos vinculados a la compra directa de 1 400 000 pruebas rápidas para la detección del COVID-19, adjudicadas a dos empresas mediante el proceso Compra Directa N.° 001-2020-PERÚ COMPRAS/CE.
Según las investigaciones, habría existido una concertación ilegal entre los entonces funcionarios públicos y representantes de dichas empresas, tras una reunión realizada el 18 de marzo de 2020 en las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La acusación sostiene que dicha reunión habría sido clave para favorecer a determinadas empresas proveedoras, afectando la transparencia del proceso y ocasionando un perjuicio económico al Estado.
Esta situación, de confirmarse, configuraría el delito de colusión agravada, por el que ahora se solicita que el Congreso evalúe el levantamiento de la inmunidad para procesar a los involucrados.
¿Qué ocurrió con la adquisición de las vacunas?
Por otro lado, la Fiscalía también informó que no encontró mérito para formular denuncia constitucional contra Vizcarra y otros exministros por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en relación con la compra de vacunas contra el COVID-19.
Esta parte de la investigación se centró en determinar si existió una falta de diligencia por parte del entonces presidente y los ministros María Antonieta Alva, Pilar Mazzetti (Salud) y Gustavo Meza-Cuadra (Relaciones Exteriores), al no adoptar medidas oportunas para la adquisición de vacunas durante los primeros meses de la pandemia.
Tras el análisis de los elementos recabados, la Fiscalía concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener una acusación penal en este punto, por lo que decidió archivar esta línea de investigación.
¿Qué sigue en el proceso?
La denuncia constitucional ahora deberá ser evaluada por el Congreso de la República, que tiene la potestad de autorizar o no el inicio de un juicio político o penal contra los exfuncionarios, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Constitución.
Este nuevo capítulo legal reabre el debate sobre la transparencia en las decisiones tomadas durante el inicio de la emergencia sanitaria en el Perú y podría tener implicancias políticas y judiciales de alto impacto.