Pedro Castillo ironiza en pleno juicio: "Mejor pónganme todos los delitos del Código Penal"
El expresidente Pedro Castillo volvió a enfrentarse a los magistrados que lo procesan por el delito de rebelión, luego de que en diciembre de 2022 intentara disolver el Congreso de la República.
Durante la última audiencia, el exmandatario insistió en que las acusaciones forman parte de una maniobra en su contra y, con un tono irónico, sostuvo que sería "mejor que me impongan todos los delitos del Código Penal" para ahorrar tiempo.
En su intervención, Castillo criticó que, tras más de sesenta sesiones, aún no se hayan presentado pruebas concluyentes que respalden la imputación de rebelión.
Además, señaló que los jueces han planteado la posibilidad de añadir un nuevo cargo, lo que, a su juicio, confirma un intento de ampliar el proceso sin fundamentos sólidos.
El exgobernante enfrenta este juicio junto con algunos de sus exfuncionarios, entre ellos Aníbal Torres y Betssy Chávez, y de ser hallado culpable podría recibir hasta 34 años de prisión.
Jueces evalúan sumar el delito de conspiración para rebelión
La Corte Suprema analiza la inclusión del delito de conspiración para rebelión en el caso. Esta nueva figura legal no reemplazaría las imputaciones actuales —rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación del orden público—, sino que se añadiría a ellas si los elementos de convicción presentados lo justifican.
Durante las sesiones, la magistrada Norma Carbajal advirtió que ciertas declaraciones y pruebas recopiladas podrían encajar en esta figura penal.
En consecuencia, el tribunal abrió la posibilidad de modificar el encuadre jurídico del caso. Sin embargo, la decisión final sobre la procedencia de este cargo recaerá en el fiscal supremo Edward Casaverde.
Hasta el momento, el Ministerio Público mantiene su acusación inicial y se encuentra a la espera de determinar si corresponde o no ampliar la lista de imputaciones contra el expresidente.
Un proceso en desarrollo con repercusiones políticas
El juicio contra Pedro Castillo no solo tiene un impacto judicial, sino también político. El caso se ha convertido en un símbolo de la crisis institucional que atravesó el país en diciembre de 2022, cuando el exmandatario intentó sin éxito quebrar el orden constitucional.
El proceso se desarrolla en paralelo con investigaciones a exministros de su gobierno, como Betssy Chávez, sobre quien la Fiscalía ha solicitado restricciones para evitar acercamientos a embajadas.
Estas medidas reflejan la magnitud del caso y la atención que continúa generando tanto en el ámbito judicial como en la opinión pública.
Mientras tanto, Pedro Castillo mantiene su estrategia de rechazo frontal al proceso, reforzando la narrativa de persecución política. El desenlace dependerá de la capacidad del Ministerio Público y de la defensa para sustentar sus posiciones, en un juicio que sigue siendo uno de los más relevantes de los últimos años en el país.