Continúa condena
22/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 22/10/2026
El Poder Judicial rechazó la modificación de la prisión preventiva que cumple el expresidente Pedro Castillo Terrones en el marco de la investigación por presuntos actos de corrupción durante su gestión gubernamental. El juez supremo Juan Carlos Checkley, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, declaró infundada la revisión de oficio del mandato coercitivo y dispuso que la medida cautelar se mantenga vigente hasta el 8 de marzo de 2027.
Ratificación del mandato judicial e hipótesis formulada por la Fiscalía
La resolución suscrita por el magistrado Checkley desestimó la solicitud de variación del régimen cautelar al verificar que no han variado de manera sustancial las circunstancias operativas ni los riesgos procesales identificados desde la imposición inicial de la medida. En el documento oficial emitido por el órgano jurisdiccional se precisó el alcance normativo de la disposición que mantiene el encarcelamiento preventivo del imputado.
"Declarar infundada la revisión de oficio de la prisión preventiva que fuera impuesta al imputado José Pedro Castillo Terrones, y en consecuencia, se declara la VIGENCIA de la medida de prisión preventiva", indica el documento.
Durante la audiencia de revisión, la representación del Ministerio Público sostuvo ante el juez de la causa que la investigación ha incorporado nuevos elementos probatorios que fortalecen la hipótesis de la imputación fiscal. Las declaraciones testimoniales, peritajes técnicos y documentación incautada durante los operativos oficiales refuerzan la vinculación del ex jefe de Estado con la presunta red delictiva.
El fallo judicial mantiene la prolongación por 12 meses dispuesta por el juzgado de origen y posteriormente confirmada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema tras resolver el recurso de apelación de la defensa. Por consiguiente, el procesado continuará bajo detención preventiva afrontando las acusaciones por la presunta comisión de los delitos de organización criminal en calidad de líder, tráfico de influencias agravado y colusión simple en agravio del Estado peruano.
Alcance de las investigaciones y situación jurídica en el fuero penal
Las imputaciones fiscales atribuidas a Pedro Castillo abarcan presuntas irregularidades detectadas en tres sectores estratégicos de la administración pública nacional. En Petroperú, las pesquisas se centran en la supuesta injerencia para el nombramiento de funcionarios y la adjudicación del contrato para la compra de biodiésel.
En paralelo a este proceso penal por presunta corrupción, el expresidente cumple una condena de primera instancia de 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de la libertad por el delito de conspiración para la rebelión. Con la ratificación de esta resolución judicial, la judicatura dejó firme el plazo límite de la medida coercitiva cautelar para el próximo 8 de marzo de 2027.
En ese sentido, Pedro Castillo afrontará las siguientes etapas del proceso penal desde el establecimiento penitenciario de Barbadillo mientras el Poder Judicial determina su responsabilidad en las investigaciones en curso.
