Policía habría cobrado S/100 por atender denuncia de extorsión: PJ le dicta 18 meses de prisión preventiva
El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva contra el suboficial de segunda Christian Cancho, acusado de pedir S/100 a una ciudadana que intentaba denunciar una extorsión. El agente, que trabajaba en la Central 111 contra extorsiones, fue intervenido en flagrancia el pasado 20 de agosto luego de que la víctima transfiriera S/70 vía Yape, lo que permitió confirmar el ilícito.
La medida busca asegurar el proceso de investigación por cohecho pasivo propio y tráfico ilícito de datos informáticos, delitos que se le imputan tras la denuncia. El caso ha generado indignación porque ocurrió en una unidad creada precisamente para combatir la criminalidad organizada.
La decisión judicial
El Juzgado consideró que existían suficientes elementos de convicción y riesgo procesal para dictar prisión preventiva. Entre ellos, la gravedad del delito, la flagrancia de la detención y la posibilidad de que el agente obstaculice la investigación.
La Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Sexto Despacho), detalló que Cancho habría condicionado la atención de la denuncia al pago de dinero, justificando el cobro como necesario para realizar una supuesta geolocalización del extorsionador.
La ciudadana, desesperada por recibir ayuda, accedió a transferir parte del monto, lo que permitió la intervención inmediata. Este episodio refleja nuevamente un quiebre institucional: un policía que debía proteger a las víctimas de extorsión habría terminado aprovechándose de ellas, debilitando la confianza ciudadana en la PNP.
Agente tenía antecedentes
Este caso se agrava además por los antecedentes de Cancho. En mayo de 2026, el suboficial recibió una sentencia firme por delitos informáticos vinculados al "doxeo", es decir, la exposición ilegal de datos personales.
La investigación fiscal también apunta a que desde 2023 habría ofrecido en redes sociales la venta de datos informáticos, lo que conecta directamente con delitos de extorsión y tráfico de información sensible. Estos antecedentes refuerzan la hipótesis de que el agente no actuó de manera aislada, sino que formaba parte de un patrón de aprovechamiento de su posición para lucrar con información reservada.
La prisión preventiva contra Christian Cancho marca un precedente en la lucha contra la corrupción policial, pero también revela un problema estructural: agentes con antecedentes por delitos informáticos ocupando puestos clave en la atención de denuncias de extorsión. El caso refuerza la necesidad de depurar la institución y fortalecer los mecanismos de control interno para recuperar la confianza ciudadana.