Nadine Heredia pide al Supremo Tribunal Federal de Brasil anular cooperación con Perú por pruebas ilícitas
La ex primera dama del Perú, Nadine Heredia, presentó una solicitud ante el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil para anular toda cooperación judicial entre ambos países en los procesos relacionados con el caso Odebrecht.
Según fuentes brasileñas, la defensa de Heredia sostiene que las pruebas empleadas por la justicia peruana son ilícitas, al haber sido obtenidas de sistemas internos de la constructora carioca Odebrecht, como Drousys y My Web Day, sin el consentimiento legal de la empresa.
El pedido busca que el STF determine que Brasil no puede participar ni avalar procesos extranjeros basados en información obtenida irregularmente, una medida que podría tener impacto en múltiples investigaciones del caso Lava Jato.
Argumento de la defensa: cooperación basada en pruebas ilícitas
Los abogados de Heredia afirmaron que el Poder Judicial peruano emitió una orden de arresto en su contra apoyándose en documentos y registros que carecen de validez jurídica en Brasil.
"Autorizar una acción cooperativa sería equivalente a cooperar con la continuación de un proceso penal basado en pruebas ilícitas", indicaron los representantes legales de la ex primera ministra, citando criterios previos del Supremo Tribunal Federal.
Aunque la orden aún no ha sido distribuida oficialmente dentro del STF, se informó que el caso no fue analizado por el ministro Dias Toffoli, quien anteriormente había intervenido en procesos vinculados a la validez de la información obtenida de Odebrecht.
Heredia también busca invalidar los resultados compartidos entre las fiscalías de Brasil y Perú, alegando que estos no contaron con la debida autorización judicial de las autoridades brasileñas.
Contexto político y judicial del caso
Nadine Heredia y el expresidente Ollanta Humala fueron condenados a 15 años de prisión por lavado de activos, acusados de recibir aportes económicos de Odebrecht y del entonces mandatario venezolano Hugo Chávez durante las campañas presidenciales de 2006 y 2011.
En abril de este año, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva concedió asilo diplomático a Heredia, decisión que impide su extradición al Perú y la protege de cualquier orden de captura.
Por su parte, Humala fue liberado bajo fianza, aunque sigue vinculado al proceso por presunto financiamiento irregular de sus campañas.
Las investigaciones del caso Lava Jato revelaron una extensa red de corrupción y sobornos entre Odebrecht, Petrobras y gobiernos latinoamericanos, incluyendo el de Perú.
Este nuevo pedido de Nadine Heredia ante el STF podría redefinir el alcance de la cooperación judicial entre Brasil y otros países que se apoyaron en las evidencias del sistema financiero de Odebrecht.