Denuncian a procuradora general del Estado por presunta inacción ante casos de corrupción de parlamentarios
La procuradora general del Estado, María Aurora Caruajulca Quispe, enfrenta una nueva denuncia penal por presuntamente omitir sus funciones frente a graves cuestionamientos que involucran a integrantes del Parlamento.
El abogado Omar Rojas Silva, excolaborador del exprocurador Daniel Soria, presentó la acusación ante la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
El documento señala tres casos específicos en los que la titular de la Procuraduría habría evitado impulsar acciones legales, pese a que tenía competencias exclusivas para evaluar y formular denuncias penales contra miembros del Poder Legislativo.
Denunciante señala tres casos de presunta omisión
La denuncia fue ingresada a través de la Mesa de Partes Virtual del Ministerio Público y sostiene que Caruajulca habría mantenido una "política de inacción sistemática" frente a investigaciones y cuestionamientos que comprometían a altos funcionarios públicos.
Según el abogado Omar Rojas Silva, esta conducta habría tenido como propósito evitar enfrentamientos políticos con el Congreso y el Poder Ejecutivo, además de garantizar su permanencia al frente de la institución hasta el término de su mandato, previsto para 2027.
Entre los episodios mencionados figura la detención en flagrancia del diputado Julián Pérez Mallqui, por una presunta agresión. El documento también incluye el caso de la diputada Catherine Palomino Casavilca, investigada por supuestos cobros indebidos a sus trabajadores, conocidos como "mochasueldos", además de presunto tráfico de influencias y falsedad.
El tercer caso corresponde a la diputada Andrea Medina Stein, quien fue vinculada a una presunta red de colocación irregular de trabajadores en instituciones públicas, entre ellas el Instituto Peruano del Deporte (IPD).
Para el denunciante, estos episodios evidenciarían que la Procuraduría no habría cumplido oportunamente con sus responsabilidades de defensa jurídica de los intereses del Estado.
Cuestionan falta de acciones de la Procuraduría
Otro de los puntos señalados en el documento está relacionado con el caso de Catherine Palomino. De acuerdo con la acusación, la Procuraduría General del Estado habría recibido formalmente un requerimiento presentado por un ciudadano para que se evaluaran las acciones legales correspondientes; sin embargo, hasta la presentación de la denuncia no se habría concretado ninguna medida.
El abogado sostiene que la normativa vigente establece que la evaluación y formulación de denuncias penales contra integrantes del Parlamento constituye una atribución exclusiva de la Procuradora General del Estado. Por ello, considera que la presunta falta de actuación habría impedido que la institución cumpliera con una de sus principales responsabilidades.
Asimismo, la acusación incorpora como elemento de sustento un informe de la propia Fiscalía Suprema que recoge investigaciones anteriores relacionadas con Caruajulca, entre ellas cuestionamientos por el presunto ocultamiento de procesos legales en su declaración jurada y una supuesta aceptación irregular del cargo.
En ese contexto, la denuncia busca que las autoridades fiscales evalúen los hechos y determinen si existió responsabilidad penal por parte de la funcionaria. Por ahora, los cuestionamientos forman parte de los argumentos presentados por el abogado y deberán ser examinados por el Ministerio Público, que tendrá la responsabilidad de establecer si corresponde continuar con las investigaciones.