JNJ afirma validez de reposición de Patricia Benavides y cuestiona acciones de la fiscal Delia Espinoza
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitió el Comunicado N.° 006-2025 para aclarar y defender la legalidad de la Resolución N.° 231-2025-JNJ, mediante la cual se repuso a la fiscal suprema Liz Patricia Benavides Vargas en su cargo de fiscal de la Nación.
En el documento, el organismo constitucional autónomo reitera que su decisión es válida, vinculante y debe ser acatada por todas las autoridades del país, mientras no sea suspendida por una orden judicial.
La JNJ precisó que la reposición de Benavides no implica un nuevo nombramiento, sino la anulación de una destitución que vulneró el debido proceso. La restitución, explicó, responde a lo estipulado en el artículo 12.1 de la Ley N.° 27444, que obliga a devolver al administrado a su situación jurídica anterior cuando se anula un acto viciado.
¿Puede la fiscal Espinoza desconocer la decisión de la JNJ?
El comunicado advierte sobre los peligros institucionales de permitir que una autoridad pública "seleccione arbitrariamente qué decisiones cumplir", lo cual según la JNJ debilita el orden democrático y la cohesión del sistema republicano.
Por ello, exhortó a que las resoluciones sean acatadas conforme a los principios del Estado de derecho, donde cualquier controversia debe resolverse por las vías procesales establecidas.
En esa línea, la JNJ recordó que la demanda de amparo interpuesta por Delia Espinoza (Exp. N.° 10506-2025) contra la reposición de Benavides no tiene efecto suspensivo sobre la resolución, por lo que esta mantiene plena vigencia legal.
¿Tiene competencia la fiscal interina para investigar a la JNJ?
El órgano constitucional también fue enfático en señalar que la fiscal interina Delia Espinoza Valenzuela no posee competencia para iniciar diligencias preliminares contra miembros de la Junta Nacional de Justicia.
Según el comunicado, su participación directa en los hechos materia de conflicto compromete su imparcialidad y objetividad, condiciones esenciales para el ejercicio del Ministerio Público.
Además, la JNJ aclaró que la nulidad de oficio, mediante la cual se corrigió la destitución de Benavides, es una herramienta legítima de autotutela administrativa prevista en el artículo 213 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N.° 27444).
Finalmente, la Junta reafirmó su compromiso con la legalidad, el debido proceso y la garantía de procedimientos disciplinarios imparciales, motivados y ajustados al marco constitucional.