"Cartel del pollo": Indecopi inicia proceso contra cinco avícolas por presunta concertación de precios
El Indecopi anunció el inicio de un procedimiento administrativo sancionador contra cinco empresas avícolas y tres personas naturales por la presunta concertación de precios del pollo vivo en el norte del Perú. La investigación se centra en hechos ocurridos entre febrero de 2020 y marzo de 2021, en los departamentos de Lambayeque, La Libertad, Piura, Áncash y Cajamarca.
Empresas involucradas
Las compañías bajo investigación son:
- Avícola Yugoslavia S.A.C.
- Molino La Perla S.A.C.
- Técnica Avícola S.A.
- El Rocío S.A.
- Chimú Agropecuaria S.A.
De acuerdo con la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia (DLC), estas empresas concentraron más del 80% de la producción de pollo vivo en las regiones mencionadas durante los años 2020 y 2021, lo que les otorgaba un peso decisivo en el mercado.
Mecanismos de coordinación
Según los documentos oficiales, las coordinaciones para fijar precios se habrían realizado mediante conversaciones por WhatsApp y llamadas telefónicas, mientras que el cumplimiento del supuesto acuerdo se habría monitoreado a través de los propios vendedores. La resolución administrativa califica estas prácticas como colusorias horizontales, prohibidas por la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
Impacto en el mercado
El pollo es la principal fuente de proteína animal en la dieta peruana, con un consumo per cápita de 51,7 kilogramos en 2023 y una participación del 59,2% en el abastecimiento de carnes a nivel nacional. Por ello, cualquier manipulación de precios tiene un efecto directo en la economía familiar y en la seguridad alimentaria.
En abril de 2026, el precio promedio del pollo vivo en Lima se mantuvo en S/8,10 por kilogramo durante 25 días consecutivos, mientras que el pollo eviscerado en mercados minoristas alcanzó los S/12,86 por kilogramo.
Empresas tienen 30 días para responder
El inicio del procedimiento sancionador se sustenta en la existencia de indicios razonables de una conducta anticompetitiva, pero no constituye un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de los investigados. Las empresas y personas naturales implicadas cuentan con un plazo de 30 días hábiles para presentar sus descargos y ejercer su derecho de defensa.
Indecopi también invitó a cualquier persona con interés legítimo a aportar información que contribuya con la investigación, reafirmando su compromiso con la transparencia y la protección de los consumidores.
El caso abre un nuevo capítulo en la supervisión de la libre competencia en el país. Con cinco empresas que concentran gran parte del mercado bajo la lupa, el proceso busca determinar si existió un acuerdo colusorio que afectó directamente a millones de consumidores.
El desenlace dependerá de las pruebas que se presenten y de la capacidad de las autoridades para sancionar prácticas que atenten contra la economía familiar.