Caso Liceo Naval: Defensoría del Pueblo supervisa denuncia por nueva presunta agresión en Maranguita
La Defensoría del Pueblo inició acciones de supervisión ante la denuncia por presunto intento de agresión sexual sufrida por un adolescente internado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (ex Maranguita). El menor afectado forma parte de la investigación vinculada al caso del Liceo Naval de San Borja y habría sido atacado por otro interno dentro del recinto socioeducativo.
Acciones de supervisión en la comisaría de San Miguel y la Fiscalía
Representantes de la entidad se apersonaron a la comisaría de San Miguel para verificar la correcta tramitación de la denuncia policial presentada por la madre de la víctima. En la sede policial se constató el inicio de las diligencias indispensables para esclarecer lo sucedido.
Entre los procedimientos en curso se encuentra la realización del reconocimiento médico legal al adolescente, así como la toma de su declaración oficial a través de la Cámara Gesell. Estas pruebas resultan fundamentales para determinar la gravedad y las circunstancias del hecho denunciado.
Asimismo, se confirmó que las investigaciones quedaron formalmente a cargo de la Décima Fiscalía Provincial Especializada de Familia de Lima. Dicho despacho fiscal asumirá las competencias del caso y se encargará de dirigir las diligencias preliminares, evaluar las evidencias recabadas y realizar las citaciones correspondientes, con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados y determinar con precisión las responsabilidades legales que resulten pertinentes.
Situación de los menores e intervención en el centro juvenil
Posteriormente, personal comisionado de la institución acudió a las instalaciones del centro juvenil de Lima para constatar de primera mano la condición en la que se encuentran ambos adolescentes implicados. Durante la visita, se verificaron los protocolos activados para resguardar al menor agraviado.
Como medida inmediata frente a la alerta reportada, se dispuso la separación del presunto agresor del ambiente que compartía con la víctima. Esta acción busca neutralizar cualquier riesgo adicional dentro de las instalaciones del establecimiento de rehabilitación.
La institución remarcó que los jóvenes sometidos a medidas privativas de libertad conservan sus derechos fundamentales intactos. Por ello, las autoridades a cargo de su custodia mantienen la obligación legal de velar por su integridad física y psicológica ante cualquier forma de vulneración.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo continuará atenta a la evolución del caso y supervisará la actuación de las autoridades competentes, a fin de contribuir a que se adopten las medidas necesarias para garantizar la protección integral de los adolescentes involucrados, el respeto de sus derechos y el debido desarrollo de las investigaciones correspondientes.