Estado de emergencia en Lima y Callao: Estas son las RESTRICCIONES que estarán vigentes por 30 días
El Gobierno peruano decretó el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un periodo de 30 días calendario, ante el incremento de la violencia, la criminalidad y los delitos de sicariato, extorsión y tráfico ilícito de drogas.
Durante este tiempo, la Policía Nacional del Perú (PNP) será la encargada de mantener el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, según lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 124-2025-PCM.
Esta medida busca restablecer la seguridad ciudadana y la confianza pública frente a la creciente ola delictiva que afecta a millones de limeños y chalacos.
El decreto señala que las zonas de intervención serán determinadas por la Policía Nacional, basándose en mapas del delito, inteligencia policial, estadísticas e indicadores de criminalidad, con el fin de actuar en los puntos más críticos. Esta acción se enmarca en el artículo 137 de la Constitución Política, que permite declarar estados de excepción en caso de perturbación del orden interno.
Restricción de derechos y control de actividades públicas
Durante el Estado de Emergencia, se restringen los derechos constitucionales de libertad y seguridad personal, así como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito, tal como establece la Carta Magna. Estas limitaciones permitirán ejecutar operativos más rápidos y efectivos contra el crimen organizado y la delincuencia común.
Las actividades religiosas, culturales y deportivas masivas deberán contar con permiso previo de las autoridades competentes, de acuerdo con las normas de seguridad en edificaciones. Las reuniones no masivas podrán realizarse sin autorización previa, siempre que no interfieran con las operaciones de seguridad.
Una de las medidas más destacadas es la prohibición del tránsito de dos personas adultas en motocicletas lineales, con el fin de prevenir delitos cometidos por "motochorros".
Además, se autoriza a la Policía a realizar operativos de control de identidad en personas, vehículos e inmuebles, incluso con descerraje, cuando sea necesario.
El decreto también dispone patrullajes combinados entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo, así como la instalación de comandos temporales en las zonas más peligrosas de Lima y el Callao para reforzar el control territorial.
Control penitenciario, medidas de fiscalización y respuesta judicial
El Estado también dispuso restricciones en los centros penitenciarios, permitiendo solo una visita semanal para internos del régimen cerrado ordinario y una quincenal para el régimen cerrado especial. Únicamente podrán recibir a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Asimismo, se ordena el apagón eléctrico en las celdas, dejando solo la iluminación básica, y el retiro de antenas de telecomunicaciones ilegales usadas para coordinar delitos desde los penales. Estas acciones estarán bajo la supervisión de las Fuerzas Armadas.
En materia judicial, se fortalecerán las unidades de flagrancia para agilizar los procesos penales contra los detenidos durante el estado de emergencia. Fiscales y jueces que participen en estas acciones contarán con protección especial de la Policía Nacional.
El Gobierno también implementará operativos de decomiso de armas, municiones, explosivos ilegales y pirotécnicos, además de fiscalizar la venta de insumos químicos vinculados al narcotráfico.
Por otro lado, se conformaron comités especiales de Coordinación Operativa, Inteligencia, Fiscalización y Comunicación Estratégica, encargados de supervisar y articular todas las medidas adoptadas. Estos comités actuarán bajo protocolos confidenciales y con la participación de los titulares de cada entidad.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca recuperar la autoridad del Estado, reforzar el control territorial y enfrentar con firmeza el crimen organizado que amenaza la estabilidad social en Lima y Callao. La medida pretende devolver la paz y la seguridad a la ciudadanía, asegurando una respuesta contundente ante la crisis de inseguridad que afecta al país.