Gobierno declara estado de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad y refuerza control penitenciario
El Gobierno declaró el estado de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad del país, como parte de una estrategia destinada a reforzar la seguridad ciudadana y fortalecer el control de los establecimientos penitenciarios. La medida alcanza a los penales de Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad.
La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, tiene una vigencia de 60 días calendario y comprende el perímetro exterior de los penales, hasta un radio de doscientos metros. En esta zona se suspenden constitucionalmente los derechos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal.
Durante este periodo, la Policía Nacional asumirá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, aunque la administración y custodia interna de los establecimientos continuarán bajo responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Policía y Fuerzas Armadas cercarán los penales
Uno de los principales alcances de la medida será el control del perímetro exterior de las cárceles, establecido hasta un radio de 200 metros. En esta zona quedarán suspendidos constitucionalmente determinados derechos, entre ellos la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal, dentro de los alcances establecidos por la declaratoria de emergencia.
Las fuerzas del orden también tendrán a su cargo acciones destinadas a garantizar la seguridad del espacio aéreo y del espectro electromagnético inmediato de los establecimientos penitenciarios. Con ello, se busca fortalecer la vigilancia y dificultar las comunicaciones o coordinaciones que puedan realizarse desde el interior de los penales hacia el exterior.
A estas acciones se sumarán controles estrictos de los accesos y labores de inteligencia orientadas a prevenir eventuales fugas. La estrategia contempla, además, operativos permanentes para detectar y decomisar celulares, tarjetas SIM y armas, intervenciones que se realizarán en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE.
Cinco penales concentran a internos vinculados al crimen
La decisión del Ejecutivo responde también al peso que tienen estos establecimientos dentro del sistema penitenciario. De acuerdo con la información difundida por el Gobierno, los cinco penales incluidos en la declaratoria concentran cerca del 50% de los internos vinculados a organizaciones criminales.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, destacó que estas acciones forman parte de las medidas que el Ejecutivo viene impulsando mientras continúa el debate sobre la solicitud de facultades.
"Independientemente de la espera de la aprobación de la solicitud de facultades, el Gobierno nacional, a través de sus diversos sectores, impulsa medidas contra la inseguridad. Estamos seguros de que con las facultades actuaremos con más fuerza", señaló.
En paralelo, el Ejecutivo remarcó que la declaratoria de emergencia no supone un desconocimiento de los derechos fundamentales. Durante los 60 días de vigencia de la norma deberá garantizarse el respeto irrestricto a la vida, la integridad personal, la salud, el derecho a la defensa y el debido proceso, de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.