Gobierno propone crear un registro de organizaciones criminales clasificadas como terroristas
El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori propuso la creación de un Registro de organizaciones criminales clasificadas como terroristas, como parte de las medidas planteadas dentro de la solicitud de delegación de facultades legislativas.
La iniciativa busca centralizar información estratégica sobre estos grupos y mejorar la capacidad del Estado para identificar, seguir y desarticular sus estructuras.
Ejecutivo plantea reforzar sistema de inteligencia
La propuesta contempla, además, establecer un mecanismo especial de coordinación dentro del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA). Este esquema involucraría a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, con el objetivo de articular información y capacidades para enfrentar a las organizaciones criminales.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sostuvo que la delegación de facultades permitiría fortalecer la respuesta estatal frente a delitos de alto impacto.
Según explicó, entre las medidas se encuentra la creación de un comando de inteligencia con características similares a las que tuvo el histórico Grupo Especial de Inteligencia (GEIN). La intención sería contar con capacidades que permitan anticiparse a la comisión de delitos y atacar las redes criminales desde sus estructuras de organización.
Geolocalización de celulares bajo investigación
Otro de los componentes del proyecto está relacionado con las telecomunicaciones. El Ejecutivo plantea modificar el marco legal para facilitar que las unidades policiales accedan a información de localización, geolocalización y rastreo de terminales móviles vinculados con investigaciones por extorsión, secuestro y sicariato.
La iniciativa también contempla incorporar herramientas tecnológicas capaces de detectar patrones de comunicación relacionados con redes de extorsión, rutas utilizadas por sicarios y estructuras vinculadas con la minería ilegal.
Con estos recursos, la Policía y los organismos de inteligencia podrían analizar las interacciones entre integrantes de estas organizaciones y determinar sus principales puntos de operación y coordinación.
El Gobierno precisa que estas herramientas estarían destinadas a establecer la trazabilidad física de las actividades delictivas y no supondrían acceder al contenido de conversaciones privadas. Su aplicación, según la propuesta, deberá realizarse respetando los derechos constitucionales y la privacidad de los ciudadanos.
El Ejecutivo busca ampliar sus capacidades de inteligencia y persecución del crimen organizado mediante un registro especializado, una mayor coordinación entre instituciones y nuevas herramientas tecnológicas. La propuesta deberá avanzar dentro del proceso de delegación de facultades y, en su aplicación, tendrá como reto equilibrar la eficacia de la lucha contra el delito con las garantías constitucionales y la protección de la privacidad.