Oficializan ley que garantiza el pago de una pensión equivalente al sueldo mínimo para los maestros jubilados y cesantes
El Congreso de la República oficializó este miércoles 15 de abril, la ley que garantiza el pago de una pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial, a fin de que pueda cubrir sus necesidades básicas y les permita mantener un nivel de vida decente.
Es importante precisar que, de acuerdo con la Ley N.º 32581, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el monto del subsidio es equivalente a la remuneración íntegra mensual (RIM), correspondiente a la primera escala magisterial.
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¿Quiénes acceden a la pensión?
De acuerdo con el dispositivo, los beneficiarios de la pensión son los maestros jubilados y cesantes de la educación básica regular, la educación básica alternativa, la educación básica especial y la educación técnico-productiva, comprendidos en los decretos ley 19990 y 20530, y en la Ley N.º 29944, así como para los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP).
En ese sentido, las pensiones serán establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en coordinación con el Ministerio de Educación (Minedu). De esta manera, el Poder Ejecutivo se encargará de aprobar el reglamento de la presente ley en un plazo de 90 días calendario, contados a partir de su entrada en vigor.
Vale recordar que, el 4 de septiembre de 2025 fue aprobada en segunda votación, el proyecto de ley en favor de los maestros del Perú; sin embargo, en octubre fue observada por la expresidenta Dina Boluarte, dándose su aprobación por la figura de la insistencia en el Congreso, el último 19 de marzo.
Minedu separó a 186 docentes por delitos graves
El Ministerio de Educación informó en la previa del inicio del Año Escolar, que del 1 de enero al 12 de marzo de 2026, ha separado en todo el país a 214 personas que trabajaban en instituciones educativas por registrar condenas o procesos judiciales por delitos graves.
De estas personas, 186 son docentes y 28 son trabajadores administrativos, de los cuales 202 laboraban en instituciones educativas públicas y 12 en colegios privados. De un total de 201 personas (174 docentes y 27 administrativos) están implicadas en el delito de violación de la libertad sexual.
Mientras tanto, otros cinco (todos docentes) están vinculado al delito de terrorismo y apología del terrorismo. Del mismo modo, tres docentes y un administrativo fueron condenadas o están procesadas por el delito de proposiciones a niños y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos. Asimismo, los otros casos corresponden a tráfico ilícito de drogas (dos personas), explotación sexual (1) y secuestro (1).
Desde el sector educación no solo condenaron que los sujetos en mención estén en las aulas de los ciudadanos que son el futuro del país.