Rutas de Lima se disuelve: Brookfield asegura que se produjo por "hostigamiento" de entidades del Estado peruano
Brookfield, a través de un comunicado, aseguró que la disolución de Rutas de Lima fue una decisión tomada como consecuencia de una serie de medidas "arbitrarias y abusivas", así como de un "hostigamiento sostenido" por parte de diferentes entidades del Estado peruano.
Medidas de "hostigamiento"
Entre las medidas adoptadas por instituciones que generaron pérdidas, menciona al Tribunal Constitucional, Poder Judicial e incluso menciona al alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Rafael López Aliaga.
Se menciona a la sentencia del TC que suspendió el cobro de peajes en la Unidad de Peaje Chillón, lo que, según Bookfield, generó que pierdan más del 50% de sus ingresos. Además de la sentencia judicial que suspendió el cobro de peaje en la estación de peaje de Conchán, ello aumentó la pérdida de ingresos a más del 60%, según la empresa.
Está la toma "indebida" del Tramo Ramiro Prialé, que impidió a la empresa construir y operar, "pese a los más de S/500 millones que Rutas de Lima" invirtió. "El repudio expreso de laudos arbitrario internacionales, los cuales han sido confirmados por la justicia federal de los EE. UU., por un valor de más de S/700 millones".
Menciona los procesos de hábeas corpus, las solicitudes de medidas cautelares y acciones penales "promovidos por autoridades estatales que han buscado perjudicar la Concesión y cancelar sus ingresos".
Asimismo, se refiere a la "campaña de hostigamiento y difamación2 impulsada por el alcalde de Lima y otros autoridades, que incluyen "ataques sistemáticos en la prensa y redes sociales".
"Las penalizaciones exorbitantes y procesos internacionales contra la empresa y sus accionistas que han deteriorado aún más la situación financiera de Rutas de Lima; y, la inacción de distintas autoridades del Estado peruano frente a estos hechos durante los años en los que Brookfield invirtió en el Perú", señala.
Arbitraje contra el Estado peruano
Debido a las conductas mencionadas anunciaron un arbitraje internacional en contra del Estado peruano al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá.
Brookfield indicó en el comunicado que se ha mantenido el compromiso con nuestro país, incluida la inversión de más de S/3,300 millones para mejorar la infraestructura vial de la capital.
"La serie de injustas y arbitrarias medidas del Estado peruano ha destruido la viabilidad financiera de Rutas de Lima (...) la Junta General de Accionistas de ha visto en la necesidad de aprobar un acuerdo de disolución y liquidación de la empresa", indican.
En esa línea, Brookfield ha acusado al Estado peruano y a sus diferentes instituciones de "hostigamiento" por ello han dado inicio a un proceso de arbitraje.