Silvana Carrión señala que Procuraduría la destituyó por pedidos de RLA en complicidad con Santiváñez
En entrevista con Exitosa, la exprocuradora del caso Lava Jato, Silvana Carrión, reiteró que su salida de la Procuraduría General del Estado se produjo por tres pedidos presentados por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga (RLA), indicando que él actuó en complicidad con el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.
Señala a Rafael López Aliaga y Juan José Santiváñez
Silvana Carrión reitera que su destitución del cargo de procuradora Ad Hoc del caso Lava Jato fue impulsado por el pedido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. La decisión habría sido tomada luego que Carrión no avaló la medida propuesta por López Aliaga de sumarse a una petición de "discovery" (para descubrir una determinar prueba en contra de Brookfield) presentada por la Municipalidad de Lima.
"Tres pedidos del alcalde para que me destituyan, finalmente la Procuraduría General del Estado tomó la decisión con el Consejo Directivo de cesarme de manera arbitraria bajo la figura de pérdida de confianza".
Carrión indica que el Consejo Directivo tuvo que firmar un acta que exprese los motivos para su destitución y para justificar este cese en el cargo, se incluyeron los tres pedidos del alcalde de Lima vinculados a su pedido de destituirla.
Según Aliaga, Carrión no representaba los mejores intereses del Estado, a pesar que, antes se negara a apoyarlo, él busco su participación en un procedimiento judicial en Estados Unidos.
La destitución de Carrión recién se hizo efectiva con la llegada de Juan José Santiváñez al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por lo que se reafirma en indicar que fue por el pedido de Aliaga en complicidad del ahora exministro de Justicia.
Pérdida de arbitrajes obliga millonario pago
ante incumplimiento de contratos la concesionaria Brookfield ha ido demandando en vía arbitral internacional a la Municipalidad de Lima. La Procuraduría de la Municipalidad tiene las competencias para litigar esos arbitrajes. De los 4 arbitrajes, 2 de ellos han sido perdidos por el municipio limeño y un tercero iniciado durante la gestión del alcalde Aliaga.
Cada uno de los arbitrajes perdidos representa una perdida elevada de dinero por parte del Estado Peruano que tendría que ser asumido por el Ministerio de Economía, asegura Carrión.
"Estos pagos que se tienen que hacer lo tiene que cumplir la Municipalidad pero no con plata de la Municipalidad, con plata del Ministerio de Economía y Finanzas con el presupuesto ordinario, el municipio no tiene el dinero", aseguró.
Por otro lado, la Procuraduría ad hoc tiene la competencia para pedir la reparación civil en los procesos penales, no en la litigación de los arbitrajes internacionales.