Tribunal Constitucional admite demanda contra ley de ampliación del REINFO hasta diciembre de este año
El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de Loreto contra la normativa que extiende la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
Esta quinta prórroga, que amplía el proceso hasta el 31 de diciembre de 2026, ha sido cuestionada por generar un blindaje legal a favor de quienes practican la pequeña minería a nivel nacional sin las autorizaciones correspondientes.
La resolución, enmarcada en el Expediente N.° 00009-2026-PI/TC, da luz verde para evaluar el fondo de la controversia. El recurso legal no solo impugna el artículo único de la Ley 32537 —responsable de esta ampliación—, sino que también apunta contra el artículo 3 del Decreto Legislativo 1695.
Esta última norma modificó el Código Penal respecto al delito de minería ilegal, estableciendo condiciones que, según los demandantes, terminan fortaleciendo la impunidad.
El cuestionado blindaje a la minería informal
El núcleo del debate jurídico radica en los nocivos efectos que estas leyes generan en la práctica. De acuerdo con los argumentos expuestos por el Colegio de Abogados de Loreto, mantener abierto este registro crea un escudo protector perpetuo. Esto significa que los mineros inscritos gozan de una insólita inmunidad civil, administrativa y penal.
En corto, por el simple hecho de figurar dentro del sistema de formalización, estas personas quedan exentas de responsabilidad, incluso si extraen minerales sin los permisos de la entidad administrativa competente.
La demanda subraya una contradicción fundamental: el REINFO nació como un régimen estrictamente transitorio para ayudar a los pequeños mineros a ordenarse. Sin embargo, al prorrogarse repetidamente, incumple su mandato original de temporalidad, transformándose en una herramienta legal que facilita la evasión y perpetúa daños a los ecosistemas.
Derechos fundamentales en grave riesgo
Para el gremio loretano, esta situación representa una gravísima vulneración a las garantías constitucionales. Se alega que las normas impugnadas pisotean el derecho fundamental de los ciudadanos a gozar de un medio ambiente equilibrado, limitando fuertemente el acceso a la justicia ambiental.
Asimismo, la demanda denuncia que este andamiaje jurídico atenta contra el derecho a la salud pública, el principio de igualdad y la protección de poblaciones vulnerables. El reclamo se centra en aquellas comunidades desprotegidas bajo el régimen y que sufren de primera mano los estragos y la contaminación.
Con la admisibilidad superada formalmente por el Pleno Jurisdiccional del TC, la institución deberá iniciar el análisis de fondo para emitir su fallo definitivo. Esta futura resolución será clave para definir el rumbo de este sector y de la lucha contra la informalidad minera en el Perú.