Elecciones 2026: Paul Jaimes denuncia irregularidades en comicios y exige proceso penal contra Piero Corvetto
El excandidato de Progresemos, Paul Jaimes denunció graves irregularidades ante cámaras de Exitosa, señalando la existencia de indicios de fraude durante la primera vuelta. El también abogado cuestionó la falta de custodia militar en el traslado de actas, exigiendo responsabilidades penales contra los titulares de las instituciones.
La jornada democrática se vio empañada por la detección de actas electorales que consignaban nombres de candidatos ajenos a la ficha técnica oficial. Según Paul Jaimes, estos documentos presentaban el nombre de Ricardo Belmont en espacios destinados a votantes con discapacidad, lo cual vulnera la voluntad popular.
El abogado también criticó que el sistema de conteo de la ONPE sufriera caídas constantes, impidiendo que la ciudadanía fiscalizara los resultados en tiempo real. Esta situación, sumada a la detención de un gerente por la Fiscalía, agrava la desconfianza en el actual sistema.
Fuerzas Armadas fuera de la custodia electoral
Uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en que el material sensible fue transportado por empresas privadas y vehículos informales, donde el excandidato criticó la forma donde actas fueron trasladadas con total normalidad mediante vehículos particulares ajenos a cualquier institución electoral, rompiendo todo protocolo de seguridad.
"Hemos visto que subían a un taxi y lo llevaban como si fuera un paquete normal", exclamó el candidato.
Paul Jaimes de Progresemos enfatizó que la ley exige resguardo de las fuerzas del orden, algo que se habría omitido sistemáticamente en este proceso. Al respecto, el letrado sostuvo que la norma establece que tenía que estar bajo custodia de las Fuerzas Armadas o la Policía.
Nulidad de mesas y falta de garantías
La legitimidad de las elecciones está en duda debido a la extensión irregular de los horarios de votación decretada por el Jurado Nacional de Elecciones. Según el entrevistado, "todas esas mesas que se han instalado pasado el mediodía son nulas" porque la ley no prevé dichos cambios.
Esta crisis institucional pone en riesgo el desarrollo de la segunda vuelta, dado que no existirían las garantías mínimas de transparencia para los candidatos. Es urgente que el Congreso intervenga para evitar que el presunto fraude derive en una crisis social con consecuencias fatales.
La desconfianza ciudadana crece ante la posibilidad de un fraude electoral que comprometa el destino del país durante los próximos cinco años de gestión. Es imperativo que las autoridades resuelvan las irregularidades en elecciones 2026 para asegurar la paz social y el respeto al voto.