Gobierno declara estado de emergencia en Piura por 60 días: Refuerza acciones de inteligencia
A vísperas de la pasada Nochebuena, el Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia en algunas zonas priorizadas de Piura, en respuesta a la alarmante criminalidad en la región. La medida incluye control penitenciario, bloqueo de telecomunicaciones ilícitas y otras disposiciones a tomar en cuenta.
El decreto tiene una duración de 60 días calendario y se aplica a los distritos de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre, Catacaos, Sullana y Bellavista. También se incluyen las provincias de Talara y Paita.
Oficializado el pasado 24 de diciembre mediante Decreto Supremo Nro. 146-2025-PCM en el diario El Peruano, el dispositivo incorpora medidas de control territorial con fuerzas integradas, acciones orientadas a una respuesta más rápida del sistema de justicia y operativos contra mercados ilegales.
Mayor refuerzo en acciones de seguridad y fiscalización
Las acciones dispuestas en la medida incluyen la restricción de visitas en establecimientos penitenciarios, desmantelamiento de antenas de telecomunicación ilícitas y operativos de incautación de tarjetas SIM y celulares de procedencia irregular.
Asimismo, se establece el decomiso permanente de armas, municiones, explosivos ilegales y productos pirotécnicos, así como la recuperación de espacios públicos asociados a actividades delictivas.
También establece la sesión permanente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de Piura y de los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana (Coprosec) de Piura, Sullana, Paita y Talara.
Además, dispone la conformación, dentro de las 24 horas de su entrada en vigor, del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) y de comités de coordinación distrital, inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica.
"El CCO lidera las acciones integradas con el objetivo de restablecer y mantener el orden interno, y reducir significativamente los índices de criminalidad, garantizando los derechos fundamentales de las personas en las circunscripciones detalladas en el artículo 1 del presente Decreto Supremo", se lee en el documento.
La implementación de estas acciones involucra la participación de: los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y Transportes y Comunicaciones, la Policía Nacional del Perú (PNP), las FF.AA., el Ministerio Público, el Poder Judicial, el INPE, así como a los gobiernos regional y locales de las jurisdicciones comprendidas.
Ejecución de medida en zonas críticas
Durante la vigencia de la medida, la PNP mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito, entre otros instrumentos.
El control territorial se ejecuta en zonas críticas y considera patrullaje permanente, puestos de comando temporales y operativos de control de identidad en vía pública y en inmuebles, de ser necesario.