Tumbes: Ejecutivo prorroga por 60 días el estado de emergencia en la provincia de Zarumilla
El Poder Ejecutivo prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en la provincia de Zarumilla del departamento de Tumbes, con el objetivo de hacerle frente a la comisión de delitos como el de contrabando, trata de personas, lavado de activos, tráfico de armas, sicariato, lesiones por arma de fuego, entre otros.
A través del Decreto Supremo N.° 111-2025-PCM, publicado este jueves 28 de agosto, el Gobierno dispone que la Policía Nacional del Perú (PNP) siga manteniendo el control del orden interno; mientras que, las Fuerzas Armadas continuarán brindando su apoyo operacional.
Restricciones en la frontera
Durante la duración de lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, continúa la suspensión de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad, y seguridad personales.
Asimismo, el texto publicado en el diario El Peruano, la intervención de la PNP y de las FF. AA. se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.º 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, y en el Título II del Decreto Legislativo N.º 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional.
Del mismo modo, las acciones de control y vigilancia serán realizadas en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y considerando estipulaciones de las Cartillas de Seguridad en las áreas próximas a las fronteras, acordadas bilateralmente por las Fuerzas Armadas de los países vecinos, según corresponda.
Otras consideraciones
Cabe señalar que, dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia, el Ministerio del Interior presentará un informe detallado de las acciones realizadas durante la prórroga del régimen de excepción y los resultados obtenidos, las cuales empezarán desde el 2 de septiembre.
La implementación de las acciones previstas en el presente decreto supremo, se financia con cargo al presupuesto institucional asignado a los pliegos involucrados, y a las asignaciones de recursos adicionales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.
El decreto supremo es refrendado por la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro, Eduardo Arana; el encargado del Ministerio de Defensa; el ministro del Interior, Carlos Malaver; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.
De esta manera, el Ejecutivo continúa con sus acciones para mitigar los delitos mencionados en la ciudad ubicada en la región Tumbes.